El gerente del matadero comarcal, José Luis Sánchez-Mohíno, presentó en el registro municipal de Burriana el informe de medidas correctoras elaborado por una empresa independiente. Y lo hizo a menos de una hora de que finalizara el plazo dado por el consistorio de dos meses y más una prórroga de mes y medio para entregar este documento.

Los técnicos estudiarán el informe y decidirán si la propuesta resulta o no suficiente para acabar con las molestias, sobre todo, los fuertes olores que genera la instalación. Por esta razón, el alcalde, José Ramón Calpe, no quiso pronunciarse y tampoco lo va a hacer hasta que los expertos hayan emitido su propia valoración.

En el expediente que se abrió a la infraestructura se pedía a sus responsables que señalaran las mejoras para la depuradora, que presentaba deficiencias y era uno de los principales motivos de los olores y las quejas vecinales. Pero también solicitaba rectificar las malas prácticas en la limpieza de los camiones que transportaban a los animales y cuyos residuos desembocaban en una acequia.

A todo ello se debía sumar los plazos para las correcciones y el compromiso de realizarlas.

Por ello, se abrió un expediente a la firma y se le multó con 3.000 euros, ya que se detectaron restos animales en el alcantarillado.

El informe que se presentó ayer es el paso imprescindible para que el matadero pueda continuar con su actividad. No obstante, esas medidas habrá que aplicarlas y deberán estar ejecutadas “en un plazo suficiente para la empresa, pero también prudente para no prolongar en exceso la adopción de estas”, apuntó Calpe.

El concejal del PSOE Vicent Aparici indicó que esperan “que las acciones sean las que reclamó el consistorio. Vigilaremos que sean correctoras y que en ningún barrio se produzcan olores y también velaremos para que se cumplan los plazos”.

“Si nos hubiesen hecho caso desde el principio no habríamos llegado a este extremo”, indicó.

Por su parte, la portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, señaló que, a falta de ver el informe, “nos alegramos de que, aunque haya sido a última hora y en el último día de plazo, se ha presentado algo”. La concejala manifestó su cautela y señaló que “nos hemos centrado en el expediente de corrección, pero hay un proceso todavía abierto y debe de pagar los 3.000 euros de multa”.