El presidente del Partit Vinaròs Independent (PVI), Javier Balada, informó que ha declarado ante el juez en calidad de testigo por la imputación del exalcalde de Vinaròs Jordi Romeu por presunta prevaricación administrativa en algunas adjudicaciones del 2008. Balada matizó que en ningún caso se trata de una apropiación dineraria del exprimer edil socialista, sino que se estudia si fue correcta la forma en que se hicieron varias contrataciones.

Explicó la decisión que se siguió en la adjudicación de los pluviales del PAI SUR 17, conocido como el PAI del futuro ambulatorio, de 350.000 euros. Detalló que él era entonces responsable de Urbanismo y que, tras constatarse problemas en la red que discurría por las avenidas Libertad y Leopoldo Querol, se concluyó que la tubería no tenía la pendiente suficiente y que generaba riesgo de inundación.

Tras los estudios, se determinó que esta tenía que ser más grande y discurrir por el citado programa urbanístico. “Pero ya estaba adjudicado y los diámetros de los pluviales de allí eran más pequeños, por lo que el consistorio los rectificó y habló con el urbanizador para que lo aplicara”, explicó.

Según Balada, todo se hizo con los informes favorables de los servicios técnicos que recomendaban fuera la promotora la que hiciera la actuación, aprovechando la canalización para abaratar costes, pero reconoció que existe el informe de Intervención “cuyo reparo fue que la obra debía sacarse a licitación por su valor total”.

Balada dijo que “teníamos que aplicar el sentido común y hacerlo conforme aconsejaban los técnicos”. Aclaró que “la discrepancia era entre aquellos, pues Intervención decía que tenía que sacarse a concurso la intervención y los técnicos mantenían que era inviable pues había que urbanizar el PAI y, luego, sacar a concurso la obra”, siendo doble trabajo. H