El presidente de la CEOE, Juan Rosell, es, junto a otros empresarios, el propietario de las instalaciones de la antigua fábrica La Joya, a través de la empresa Promcastalia SL, con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona), pero con los litigios bancarios existentes se antoja difícil una solución a corto plazo. De hecho, el Ayuntamiento lleva año y medio sin reunirse con los dueños.
Ahora, es evidente que las instalaciones son un peligro y no solo por la facilidad con la que se puede acceder al interior, sino por el añadido de que, al derribar las vigas de hierro del techo, caen al suelo las placas de fibrocemento con amianto, lo que ha alertado a las comunidades de vecinos.
El consistorio colocó en un par de ocasiones vallas con cinta de la Policía Local, pero fueron robadas y sus restos pueden verse atados a un extremo de la puerta.
Mientras no se resuelvan los conflictos entre los amos todo apunta a que no se encontrará solución. Solo un expediente de los técnicos municipales advirtiendo de que se trata de edificio en ruina puede obligar a actuar.
La portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, indicó que los principales culpables de la situación “son los dueños, porque uno tiene que saber lo que compra y tener la responsabilidad de mantenerlo o derribarlo”. La edila añadió que “el equipo de gobierno tiene la obligación de obligar a cumplir la legalidad, aunque es difícil cuando carece de autoridad moral para hacerlo, pues tiene un expediente de ruina acabado desde el 2008 y no lo ha hecho efectivo”.
Aguilera pidió que “el ejecutivo local inicie los trámites del derribo de oficio, ya que, si ya se hubieran iniciado, “tendríamos un arma legal para exigir que se desmantelara el edificio”. H
