Los ayuntamientos de Vinaròs y Benicàssim han acordado solicitar al Gobierno el cierre definitivo y el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas natural Castor, tal y como han aprobado recientemente la Diputación de Castellón y el pleno de Les Corts. Son las primeras localidades que inician la presión municipal al Ejecutivo central y se espera que en los próximos días se unan otras poblaciones a la moción.
Sin embargo, la propuesta presentada por Compromís en Vinaròs no fue aprobada por unanimidad en el pleno, pues contó con 20 votos a favor y la abstención de Esquerra Republicana. El documento incluía en su primer punto pedir a Madrid “la paralización definitiva y permanente de la plataforma y su posterior desmantelamiento si su puesta en funcionamiento no ofrece la certeza ni la seguridad de que no se vuelvan a reproducir terremotos de igual magnitud o superior”. El edil de Esquerra Republicana, Lluís Batalla, acusó al resto de grupos de “supeditar el cierre a si vuelve a pasar algo”, y propuso otra moción pidiendo directamente su desmantelamiento.
Desde el resto de grupos mostraron su convencimiento de que este proyecto no continuará adelante, “ya que difícilmente algún experto podrá decir que es 100% seguro”, como indicó la edila del PVI, María Dolores Miralles. También por parte de Bloc Compromís, Jordi Moliner mostró su satisfacción “por conseguir que la mayoría de partidos vayamos a una”. Por su parte, Jordi Romeu como portavoz socialista, apuntó que, tras los movimientos sísmicos derivados de la inyección de gas, “tenemos que pedir toda la seguridad y la transparencia informativa, pero deben ser los técnicos los que decidan si se debe o no desmantelar la plataforma”.
Por último, el portavoz del Partido Popular, Lluís Gandía, acusó a Batalla de tener “afán de protagonismo” y dijo que “lo importante es que todas las administraciones han actuado con celeridad para parar este proyecto tras los seísmos y ahora llegamos a un acuerdo muy claro para pedir que sea de forma definitiva si no se nos da el 100% de seguridad de que no volverá a pasar”.
El acuerdo adoptado se remitirá al Consell, a los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente, así como a las Diputaciones de Castellón y de Tarragona.
El acuerdo del pleno también reclama a la empresa que explota la planta, Escal UGS, que dé “la máxima información y transparencia sobre todo lo que pasa a diario”. La moción solicita a la Generalitat el amparo y defensa de los municipios afectados y al Gobierno central y al Consell una inversión promocional que contrarreste los efectos negativos en el turismo en la zona. H
