La agencia de medición de riesgo Fitch ha rebajado en tres escalones la calificación crediticia del almacén subterráneo de gas Castor, hasta situarla en BB+, considerado bono basura, por la “incertidumbre y falta de visibilidad” que rodea al proyecto.

En un informe conocido ayer, Fitch señala que existe una “posibilidad creciente” de que la empresa gestora, Escal UGS, devuelva la concesión del almacén en los próximos meses, en cuyo caso las acciones emitidas dependerían de una compensación por parte del Estado que todavía no ha sido probada. La opción de que ACS, accionista de control de la mercantil y cuyo propietario es Florentino Pérez, pague los bonos “no es probable”, en su opinión.

Escal UGS lanzó una emisión de 1.400 millones de euros para financiar el almacenamiento subterráneo, cuya actividad se encuentra suspendida desde septiembre del pasado año por haberse detectado cientos de pequeños seísmos en la zona.

El Gobierno ha condicionado la posible reactivación del proyecto a que se cumplan todas las condiciones de seguridad, “algo que podría llevar años” y en ningún caso ha avanzado quién asumiría su coste, tal y como afirmó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. La agencia también ha confirmado la perspectiva negativa de la operación, debido a la “continua incertidumbre” y la existencia de posibles impactos negativos adicionales en los bonos. Desde su punto de vista, el Gobierno podría necesitar “un largo tiempo” para formarse una opinión definitiva sobre si es seguro reabrir la instalación, a la vez que estima, en un tono más optimista, que el Ejecutivo considera el proyecto como un activo importante a largo plazo.

Para Fitch, lo más probable es que ACS renuncie a la concesión antes del 30 de noviembre al no entrar en el sistema de retribuciones del sistema gasista por no estar activa la infraestructura.

La otra posibilidad sería que el Gobierno indemnizara a la firma por el cierre, pero “la cantidad y la mecánica de compensación pueden tardar en establecerse”, por lo que los bonistas dependerían de la mercantil para “cubrir la diferencia económica”. H