Desarrollos Urbanísticos AMEG SL ha solicitado al Ayuntamiento de Burriana la reversión de una de las tres parcelas con las que el consistorio pagó parte de la expropiación forzosa de la antigua Papelera El Mijares. Se trata de una finca en Novenes de Calatrava, valorada en su día por un importe de 678.543,49 euros. Ahora la empresa quiere devolver el terreno y que la ciudad le pague la cantidad resultante de las cargas sobre la misma y la penalización pactada de un 25% para el caso en que la firma no cumpliera el contrato, como así sucede --según el consistorio--, es decir, alrededor de medio millón.

La mercantil y el Ayuntamiento suscribieron un convenio el 8 de enero del 2010 por el que el consistorio pagaba alrededor de dos millones de euros en tres superficies de Novenes de Calatrava destinadas a la construcción de viviendas protegidas. Esta operación se llevó a cabo finalmente y una de ellas es la que la empresa quiere devolver al consistorio y cobrar ahora en metálico.

La junta de gobierno tomó el acuerdo de no admitir la petición de la mercantil, basándose en el informe redactado por el abogado de la administración local.

Y en el mismo comunicado de rechazo de la solicitud, el consistorio apunta que contra el acuerdo, la firma interesada “queda expedita la vía judicial civil”. Así pues, podría abrirse un nuevo frente judicial en el municipio.

CLÁUSULA RESOLUTORIA // De todos modos, el abogado del Ayuntamiento asegura que no se acepta la solicitud, ya que se basa en un “incumplimiento sobrevenido de la cláusula resolutoria”, alegando que ha transcurrido suficiente tiempo para la construcción de las viviendas de protección porque se debe a “una causa imputable a la propia empresa” no al consistorio. Por lo tanto, quien plantea la resolución del contrato y la reversión del acuerdo es la misma parte que lo ha incumplido y, según el documento del letrado, “la condición resolutoria no puede ser ejercida por el propio incumplidor”.

Además, indica que, en este caso, la parte perjudicada es el municipio y, por tanto, “no está legitimada la sociedad mercantil para el ejercicio de la condición resolutoria”. El objetivo es, en definitiva, solucionar esta cuestión con el menor perjuicio. H