La línea de muy alta tensión (MAT) que planea instalar Red Eléctrica Española en la provincia también ha generado inquietud entre los agricultores, además de en los 17 municipios afectados.
Por este motivo, las organizaciones del sector se están moviendo para obtener más datos y averiguar con exactitud las afecciones que provocará en los cultivos.
El secretario provincial de la Unió de Llauradors, Vicent Goterris, explica que su “equipo de expertos está ya manos a la obra para tratar de averiguar todos los detalles posibles sobre este proyecto”, porque todavía no les “han dado información” y quieren “saber el itinerario”.
Y es que Goterris indicó que reclaman “que genere el menor impacto y que pase por lugares donde no haya afecciones”. Y es que el principal temor del colectivo es que “toque zonas cultivables, cuando debería de utilizar caminos o áreas públicas”.
En este sentido, criticó que “quieran construir infraestructuras nuevas, cuando se podrían aprovechar las que ya están instaladas. Esto podría provocar daños en huertos”. Una vez se recaben todos los datos, ya decidirán “qué medidas se deben tomar”.
La mercantil pretende elevar torres de 80 metros cada 400 metros en un itinerario de 90 kilómetros. Además, desde la Plataforma No MAT aseguran que los precios por expropiar un trozo de finca ronda los 100 euros, sin tener en cuenta los perjuicios que se pueden generar.
Precisamente este es uno de los temores de Fepac-Asaja, cuyos técnicos también están analizando a fondo la cuestión. “Todavía no nos pronunciamos hasta que no tengamos las conclusiones, pero es posible que haya afecciones a proyectos agrarios”, señaló su secretario provincial, Doménech Nácher. También se ha de comprobar “cómo abonarán los terrenos que pretenden quedarse”.
En el sector lamentan que este es un problema más que se suma a la grave sequía que afecta a la provincia y a los bajos precios que se pagan a los productores.
OPOSICIÓN ACTIVA // Con todo, la inquietud ciudadana es palpable y la entidad opositora al programa advierte de los peligros que la infraestructura puede acarrear, “como enfermedades o afecciones al medio ambiente”. Los consistorios de Vilafamés, Benassal o Forcall presentaron en su día alegaciones al programa inicial.
La lucha vecinal y de colectivos ecologistas todavía sigue activa para tratar de paralizar un proyecto que, según aseguran, será perjudicial para la provincia. H
