El Ayuntamiento de Borriol espera a conocer la decisión judicial al respecto de la imputación del supuesto dueño de los terrenos de la depuradora, Raúl Babiloni, para decidir sobre el futuro de la infraestructura. Y es que la Fiscalía sospecha que, realmente, una parte de estas fincas podría pertenecer en la práctica a un familiar del exvicepresidente de la Diputación de Castellón y alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez. “Hasta que el juez no se pronuncie está todo paralizado”, aseguró de forma rotunda el alcalde de la localidad, Iban Pauner, quien llevará al pleno del próximo martes la paralización cautelar de todos los trámites.

Así, toda la tramitación al respecto de esta actuación está bloqueada a falta de saber la situación procesal en la que queda este asunto. Los siete imputados en esta causa empezarán a declarar también el día 30, siendo los primeros en hacerlo un técnico de la Diputación de Castellón y el abogado de Babiloni. El miércoles será el turno de Babiloni y Andrea Martínez; el jueves testificarán Francisco Martínez y su hijo; y el viernes lo hará el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, ante el magistrado que ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la compraventa de las fincas sobre las que construir la depuradora.

Una vez se esclarezca el futuro procesal de los imputados, el Ayuntamiento estudiará si mantiene la ubicación o varía sus planes. En caso de cambiar la localización actual, su ejecución se retrasaría aún más, ya que sería necesario variar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

CONTINUOS RETRASOS // La polémica por los terrenos, el cambio en la alcaldía, la creación de una comisión de investigación, los desencuentros entre el equipo de gobierno y su exsocio, Veïns de Borriol, y ahora el proceso judicial abierto han alargado tanto el procedimiento para construir la depuradora, que la Diputación de Castellón optó el pasado mes de julio por llevar a cabo una modificación de crédito. Aprobó destinar el 1.881.091 euros previsto para esta infraestructura a otras inversiones. Ahora, el compromiso de la institución provincial pasa por volver a presupuestar parte de la actuación pendiente cara a la próxima anualidad.

Ante esta situación, el portavoz del PSPV en Borriol, Francisco Pastor, reclamó al consistorio que retome la intervención “paralizada sine die, porque un pueblo de 5.000 habitantes cuenta con una depuradora para atender las necesidades de solo 1.000 personas”. “Queremos que se haga ya y no esperar a ver qué deciden los tribunales”, exigió Pastor.

Opinión que comparte el portavoz local de Compromís, Silverio Tena. “Los chanchullos del PP y Veïns en el tema de los terrenos de la depuradora y la total falta de capacidad de reacción del actual alcalde amenaza con dejar sin esta infraestructura imprescindible a los vecinos de la localidad”, apuntó Tena, quien considera que esta paralización constata “las dudas del PP sobre la legalidad del proceso”. H