El Ayuntamiento de Burriana ya ha comenzado a remitir notificaciones a propietarios de la Marjaleria en las que, además de la multa coercitiva, advierte de que va a realizar el derribo subsidiario para restablecer la legalidad infringida. En esta segunda notificación, la sanción ya se eleva a 605 euros y se da un plazo de pago hasta el día 20 del mes siguiente al requerimiento. Además, se da a los afectados un periodo para presentar alegaciones, antes de que el consistorio realice el derrumbe subsidiariamente.

En este tiempo, el vecino puede aún realizar la demolición de la obra y se dará por finalizado el procedimiento abierto por el consistorio. En caso contrario, el aviso del Ayuntamiento es que será la propia administración local la que lo ejecutará y, posteriormente, pasará la pertinente orden de cobro al propietario.

En esta situación se encuentra alrededor de medio centenar de expedientes en el término municipal de Burriana. De ellos, poco más de una decena corresponde a viviendas, mientras que la inmensa mayoría posee construcciones ilegales, como un muro, un paellero o una piscina.

protección ESPECIAL // La actuación que está llevando a cabo el consistorio se debe a la continuación del procedimiento iniciado a partir de la detección de una construcción ilegal que, en el caso de la Marjaleria, tiene un agravante. Y es que es una zona rústica de especial protección y ya hay procedimientos abiertos en el juzgado por estos hechos.

En muchos casos, las infracciones se cometieron hace varios años, pero las que se encuentran en zona declarada húmeda no prescriben. De ahí que se siga adelante con el procedimiento sancionador, aunque se opte por restablecer la legalidad.

fiscalía // Los requerimientos formulados ahora se deben al aviso que recibió el Ayuntamiento, por parte de la Fiscalía provincial de Castellón en el que se advertía de que la obligación del consistorio no es solo la de detectar una ilegalidad y abrir procedimiento sancionador, sino cerciorarse de que los propietarios vuelven a la situación anterior a la de la infracción, es decir, restablecer la legalidad urbanística.

Ante este mandato, queda de manifiesto que no es suficiente con ordenar un derribo, sino vigilar por el cumplimiento de la orden, ya que, en caso contrario, sería la administración --políticos y funcionarios-- los responsables por omisión de la situación. H