A quince días de la declaración del primero de los 18 imputados en el conocido como caso Castor, el coordinador del informe realizado por el Instituto Geológico y Minero emitido en el 2007 y que consideraba apto el almacén de gas, Jesús Gómez de las Heras, deberá responder, entre otras cuestiones, por qué no se realizó ni solicitó entonces un estudio de peligrosisad sísmica. Y es que, para la Fiscalía de Castellón, la “ausencia” del documento “ha abocado a la hibernación sine die de la instalación”, situada frente a costas de Vinaròs, como reza la denuncia del Ministerio Público.
De hecho, para el fiscal, “el riesgo sísmico era un riesgo conocido y denunciado; fue conocido por la Administración y la empresa, lejos de atender el requerimiento (de incluir en el estudio de impacto ambiental un estudio de frecuencia con actividad sísmica), contestó que “no lo considera necesario”, siendo esta respuesta admitida y consentida” por el Gobierno. “Con estos antecedentes --recoge la denuncia-- y cuando se estaban desarrollando las actividades de inyección de gas colchón (...) comenzaron a registrarse movimientos sísmicos”.
El auto también incide en la actitud de la mercantil que, además de considerar que el peligro de terremotos era “una afirmación carente de fundamento científico”, tardó cuatro días en adoptar las recomendaciones del Observatorio del Ebro de reducir las inyecciones de gas colchón, a pesar de haberse registrado más de 147 sismos en la zona. Así lo mantiene la Fiscalía, que considera que la mercantil también “minimizó el riesgo y omitió información relevante” a la Dirección General de Política Energética y de Minas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando, el 11 de septiembre del 2013, le requirió un informe técnico sobre el incremento de la sismicidad, su posible relación con la inyección del gas colchón y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las operaciones.
INICIOS // Las inyecciones comenzaron el 14 de junio y se paralizaron el 17 de septiembre del 2013. Se llevaron a cabo en tres fases: del 14 al 27 de junio; del 19 al 23 de agosto y del 2 al 17 de septiembre. “En cada una de ellas se duplicó el volumen promedio diario inyectado”, apunta. La serie sísmica comenzó el 5 de septiembre, al coincidir con un fuerte incremento del volumen inyectado. Según el informe del Instituto Geográfico Nacional, desde ese día al 15 de octubre se registraron 512 sismos, de los cuales la población sintió 15, de magnitudes entre 2,9 y 4,2.
La Fiscalía mantiene que el Observatorio del Ebro, organismo con controlaba y supervisaba la frecuencia de la actividad sísmica en torno al almacén, el 13 de septiembre instó a Escal UGS “a paralizar la inyección o reducirla a los mismos niveles de las fases que no habían inducido sismicidad, sin que la mercantil adoptara ninguna medida preventiva propuesta hasta el día 17, tras acabar la tercera fase”. H
