El auto que ha archivado el caso de la DTB (Sociedad Turística de Benicàssim) concluye que la actuación de los nueve concejales -ocho del PP, incluida la alcaldesa, Susana Marqués; y uno de ARB, componentes del anterior equipo de gobierno--, con su decisión plenaria en el proceso de disolución, respondió “al interés económico del municipio”. Y dictamina que no hay “ningún indicio de los delitos de prevaricación administrativa ni malversación de fondos públicos”, tal y como adelantó ayer este periódico.
Marqués mostró su “satisfacción” al conocer el “sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones frente a la querella interpuesta por Fiscalía a la que se sumo el exportavoz de Compromís, Domingo Ferrando”.
Desde el Ayuntamiento también recalcaron ayer que un “informe expreso de la intervención municipal reconoce que, al final, el consistorio igualmente hubiera tenido que asumir la deuda contraída por la DTB”. “Todos los concejales que nos hemos visto acusados injustamente vemos ahora la ratificación de nuestra inocencia. Actuamos velando por el interés del municipio y los ciudadanos”, afirmó Marqués.
“Y añadió que, ahora, “estudiaremos a fondo este asunto con nuestros abogados, puesto que el daño moral ha sido muy grande y creemos que en política no todo debe valer y, por lo tanto, nos reservaremos el derecho de defender no solo nuestra inocencia, también nuestra honorabilidad ante todos los ciudadanos”.
COMPROMÍS // Desde Compromís manifestaron que “a pesar del archivo decretado por la Audiencia, el auto refleja que la alcaldesa y concejales del PP actuaron con falta de prudencia y eso ha tenido consecuencias económicas negativas para el erario público”, y solicitan “responsabilidades políticas”, y que “Marqués dimita”. H
