El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha desestimado el recurso interpuesto por Mariola Aguilera y Antonio Sánchez, de Cibur, y María Jesús Sanchís, de Ciudadanos, contra el acuerdo plenario del 3 de septiembre del 2015 relativo a las cuantías que han de percibir los miembros de la corporación y sobre la creación y composición de las comisiones municipales permanentes.

Así lo explicó ayer el concejal de Personal e Interior, Javier Gual, quien manifestó que la justicia les ha dado la razón en la totalidad de los puntos que habían recurrido varios miembros de la oposición, «lo que deja bastante claro que, desde el primer día de nuestra entrada en el equipo de gobierno, solo se han movido por intereses económicos y personales con el objetivo de judicializar la vida municipal sin buscar ningún tipo de beneficio para la ciudadanía». Según Gual, «los tres primeros puntos que desestima la sentencia hacen referencia a la composición de las comisiones». «Realizamos la distribución pensando en su funcionalidad, en la reducción de los costes para el mismo consistorio y para evitar duplicidades en las labores de cada una de ellas», argumentó.

«Queda totalmente claro que seguimos a rajatabla los criterios de proporcionalidad y representatividad de cada uno de los partidos presentes en la corporación y, por lo tanto, quienes interpusieron el recurso son los que tenían un interés puramente económico en que la distribución fuera otra», apuntó el concejal, quien animó a los tres denunciantes a hacerse cargo de las costas derivadas de la resolución, así como a no recurrirla.