La Conselleria de Educación prepara la rescisión del contrato con la adjudicataria de las obras del colegio Regina Violant de Almassora y, de forma paralela, sacará a licitación de nuevo el proyecto para finalizar la construcción del centro, del que únicamente se ha ejecutado el 19,2%. Así lo indicaron desde este departamento a la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) después de que los trabajos fueran adjudicados en diciembre del 2015 a Torrescámara y ahora se encuentren bloqueados tras solicitar esta mercantil un modificado de 1,2 millones de €, que le fue denegado.
Fuentes del Ayuntamiento confirman que los técnicos municipales están redactando el informe sobre el estado de las actuaciones para remitirlo al departamento que encabeza Vicent Marzà para sacarlo a concurso y poder resolverlo cuanto antes.
REUNIÓN
La directora territorial de Infraestructuras, María José Palmer, se reunió el lunes con la AMPA y desde la entidad consideran que los pasos que se han dado son una decisión «alentadora» para las familias, que temían que el proceso se eternizase si finalmente, como puede suceder, la Conselleria y Torrescámara resuelven sus diferencias en los tribunales. «Palmer nos aseguró que mirarán con lupa las empresas que presenten ofertas ahora para que no vuelva a suceder lo mismo», explica la presidenta de la asociación, Esther Igual.
La ejecución del Regina Violant empezó el 28 de junio del 2016. La marcha de la construcción sufrió una ralentización a principios de año y poco después se hizo pública la petición de la adjudicataria de un modificado de obra por valor de 1,2 millones, que fue rechazado. El Gobierno valenciano ofreció entonces una cifra menor para que la empresa retomara los trabajos, negociaciones que no han fructificado. El proyecto tenía un plazo de finalización de 18 meses y un presupuesto de 5.169.399,62 euros.
Por otra parte, los padres trasmitieron a Palmer su malestar tras las últimas lluvias y le exigieron un cambio de los barracones más deteriorados. Esta se comprometió a hacer el seguimiento de los incidentes y a que un técnico de la Conselleria haga un peritaje de las instalaciones.
