Nada más y nada menos que 6.269 euros son los que pide la secretaria de Almenara, Paloma Sanz Barrera, al Ayuntamiento por las minutas que tiene que abonar a los procuradores y abogados. Unos gastos que se derivan de los seis procesos judiciales que la trabajadora municipal le ha hecho llegar a la alcaldesa de la ciudad, Estíbaliz Pérez.

El convenio laboral de los empleados del consistorio contempla que la defensa jurídica es a cargo de las arcas municipales, siempre y cuando sea por procedimientos por cuestiones relacionadas con la administración.

«Lo que ocurre es que, en muchos de estos pleitos, Sanz es la demandante y, por el momento, no nos consta que estas causas sean por asuntos de defensa laboral, porque no lo especifica. Habrá que clarificar los litigios a reembolsar», detalla la munícipe.

CONTRA EL PP // La primera edila va más allá y afirma: «El grupo popular local también es culpable de esta situación, porque se cogen a un palo ardiendo para desprestigiarme, sin pensar que si alguna vez gobernaran y tuvieran a esta persona como secretaria, ella actuaría igual, porque así lo ha demostrado en los ayuntamientos donde ha estado».

Al respecto, Pérez asegura que «para el PP, que Paloma Sanz haya falsificado el libro de decretos es una broma infantil». «Pues no lo es y, por ese motivo, el 31 de enero tendrá que ir al juzgado como imputada y yo como afectada. Ya está bien de querer hacer las cosas mal y deberíamos de contar con el apoyo de los populares o, al menos, que no abriesen la boca, porque ellos son conocedores de las malas situaciones que ha creado esta trabajadora», dice.

citación // El próximo miércoles, Sanz y Pérez se verán las caras ante el juez por el citado caso. La munícipe recuerda que los políticos están de paso para gobernar, pero «el puesto de secretaria son palabras mayores y da la sensación que la responsabilidad no va con ella y se dedica a torpedear todo lo que no se mueve a su son». «Quienes dictan las sentencias son los jueces y los vecinos que cada cuatro años ponen a cada uno de los cargos políticos en el lugar que les corresponde», remarca la primera edila, quien se volverá a ver en los tribunales con la funcionaria en febrero.