En marzo del 2017, el pleno del Ayuntamiento de Nules aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se solicitaba a la dirección general de Costas que iniciara la tramitación para la declaración de interés público de las casas de primera línea de la playa. Casi un año después, se repetirá la propuesta. Todos los grupos municipales tienen previsto unirse para exigir al Ministerio que tome cartas en el asunto y proteja «de una vez» unas viviendas amenazadas de derribo por la regresión marina.

INICIAR EL EXPEDIENTE /

Esa es la postura que defiende el alcalde de la localidad, David García, quien asegura que hace 11 meses se defendió la situación singular del municipio al respecto de la problemática de las propiedades que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre. Según la normativa, para lograr la calificación deseada, «se debe iniciar un expediente en el que, en el período de un mes, tienen que informar las tres administraciones implicadas», es decir, Ministerio, Conselleria y Ayuntamiento. «A día de hoy, desde Costas no han hecho nada», según recuerda el alcalde de la localidad.

Es por ello que los grupos municipales volverán a converger recordándole al Gobierno de España que «urge» tomar estas medidas porque «las concesiones tienen un plazo de caducidad». Aunque a su vez recuerda que la declaración de interés público afectará «a las que no tienen escritura; a las que les faltaba la concesión; las que, tras una herencia, no se actualizaron datos...», porque hay casos diversos.

García entiende que si el Ministerio todavía no se ha manifestado al respecto es porque «no existen precedentes» y lo que decidan en el caso de Nules «los sentará». Aún así, considera que se ha tenido tiempo más que suficiente para valorar la propuesta y poner en marcha el procedimiento.

«El Ayuntamiento informará de forma positiva, es evidente; por lo que se ha hablado en Conselleria, la intención es la de hacer lo mismo», por lo que solo restaría el apoyo de Madrid. Su negativa sería un varapalo para las intenciones y expectativas que esta opción han generado entre los dueños afectados y el propio consistorio, que tiene la intención de salvar del derribo las viviendas que ahora se encuentran en una tesitura más complicada.