El Ayuntamiento de Nules aprobó en el último pleno la rescisión del contrato que todavía se mantiene por la gestión del aparcamiento subterráneo --más de 4 años después de su cierre--, dado que la adjudicataria se encuentra inmersa en un concurso de acreedores, el fundamento «legal» en el que se ha basado la propuesta del equipo de gobierno.

A partir de ahora, el consistorio valorará los daños y perjuicios que el cierre ocasionó al municipio y se «iniciará una licitación pública para ponerle un precio de mercado», lo que permitirá determinar «la indemnización que hay que darle a la empresa», según el alcalde, David García.

Porque las implicaciones económicas que este caso le puede generar a Nules están todavía en el aire y todo apunta a que tendrá que resolverlas un juez. «El acreedor hipotecario» reclama 2.100.000 euros, a parte de la compensación por las pérdidas que exigió la mercantil en su día, algo más de un millón de euros.

Con estos antecedentes, en verano del 2017, se aprobó el «secuestro de la concesión», una figura legal que permitió reabrir el servicio en diciembre pasado. El PP no apoyó el acuerdo, aduciendo la posibilidad de que esta decisión le pudiera costar a la localidad los más de dos millones que reclama la entidad bancaria, a parte de la indemnización que contempla la ley por dar por concluida la relación contractual.

DURAS ACUSACIONES / García fue duro con el PP y su posicionamiento al respecto. Dijo tener su «hipótesis» sobre por qué «no rescindieron el contrato» en su día, a pesar de haber tenido «razones legales» para hacerlo, entre otras un sobrecoste de más del 20% presupuestado, reconocido por su antecesor en abril del 2008.

Según insinuó, la no reclamación de responsabilidades por parte del PP podría tener que ver con la relación «reconocida» de la empresa en cuestión con los casos de «financiación ilegal del PP valenciano». Además, hizo referencia a un acuerdo municipal de mayo del 2009, por el que «la autorizaban» a «hipotecar la concesión» con el Banco de Valencia (ahora Caixabank), por la cantidad que ahora reclaman al Ayuntamiento, en un «acto de irresponsabilidad», por el que el alcalde considera al PP «corresponsable, como mínimo» de la posibilidad de que el municipio se vea obligado, si así lo dicta un juez, a abonar esa cantidad.