El verano se acerca y con él, el inicio de las anunciadas obras de peatonalización del centro de la Vall d’Uixó y, de forma complementaria, la reforma de la plaza de la Paz, una actuación esta última que podría retrasarse de prosperar el recurso presentado por el PP local ante los tribunales, contra el acuerdo que habilitaba una inversión en vía pública que lleva encubierto el derribo de la cruz , según la concejala Gema Domínguez.
Si hace menos de una semana el PP anunciaba su adhesión a la iniciativa popular Salvemos la Cruz, que en los dos meses que lleva activa en las redes sociales ha recopilado cerca de 1.800 apoyos, ahora dan un paso más para paralizar la sustitución del citado monumento por otro a la música, que ya está diseñado.
Acuerdo plenario
El recurso presentado ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Castellón pretende revocar el acuerdo plenario por el que, con la mayoría de los votos del equipo de gobierno y Som la Vall, se dio luz verde a una modificación presupuestaria de 35.000 euros, para acometer la reforma del espacio.
Domínguez aseguró ayer que en el tripartito «no han tenido la valentía de llamar con nombre y apellidos esa partida que tiene como finalidad retirar la cruz», lo que tilda de «falta de transparencia, porque saben que no tienen amparo jurídico para quitarla».
Muy distinta es la visión que se tiene sobre esta cuestión desde los partidos que integran el gobierno municipal, que apuestan por la eliminación del último «símbolo franquista» público. La alcaldesa, Tania Baños, se limitó a decir que «respetamos su decisión, la ley les permite hacerlo si lo consideran», pero precisó que con este proyecto «desde el Ayuntamiento hacemos cumplir la Ley de Memoria Histórica».
Y si desde Compromís prefirieron no hacer ninguna declaración al respecto, el portavoz de EU, Antoni Llorente, fue contundente y afirmó que el PP «una vez más, demuestra con hechos que no quiere cumplir la legalidad, cuando gobernaban, por omisión; y, ahora, poniendo obstáculos».
A la vista de los hechos, cabe la posibilidad de que las intenciones del equipo de gobierno se vean frustradas, al menos de momento, dado que desde el PP se ha solicitado como «medida cautelar, que el juez obligue al Ayuntamiento a no hacer ninguna obra hasta que se resuelva el fondo del asunto».
Los populares defienden que en un mandato comunista, en el 1979, «se eliminó toda simbología política de la cruz, pero se respetó el monumento». Para partidos como EU no fue suficiente, porque «se construyó para honrar la dictadura franquista».
