La venta no regulada en la vía pública es una problemática que se repite cada verano en Peñíscola, pero esta temporada ha habido un considerable incremento. Si en campañas pasadas su presencia estaba centrada en las horas nocturnas, en este 2018 los manteros estuvieron presentes prácticamente todo el día y en buena parte de tramos del paseo marítimo. El último fin de semana de las fiestas aprovecharon los eventos multitudinarios, como los desfiles de moros y cristianos, para ponerse en diferentes hileras.

A este respecto, el alcalde de la localidad, Andrés Martínez, urge ayuda de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En concreto, ejemplifica que «7, 8 ó 9 policías locales no pueden con 223 personas de origen extranjero --en referencia a vendedores ilegales--». A preguntas del concejal de La Roca, Víctor Blasco, el primer edil dejó claro que no ha querido «hacer política de esto porque el anterior Gobierno central no estuvo a la altura y este... peor».

Con todo, insiste en la necesidad de contar con colaboración «porque no es posible que se inhiba la Guardia Civil y también la Policía Nacional» en este tema.

ENCUENTRO // Esta semana hubo una reunión entre representantes de tiendas, Concejalía de Comercio y Policía Local, con el fin de hacer balance del estío. En el encuentro, los vendedores regulados mostraron sus quejas por la impunidad con la que actúan los puntos de compra improvisados en primera línea y se quejaron de la competencia desleal que supone para aquellos que pagan impuestos y ocupaciones de vía pública. Por su parte, desde el cuerpo de seguridad local expusieron las dificultades que hay a la hora de que las marcas falsificadas vayan a las citaciones tras las operaciones para requisar productos.

En cuanto a los incidentes, esta temporada no constan episodios de agresiones, pero sí ocurrió un intento de cerco de la sede de la Policía Local, en julio. La actuación de la Guardia Civil logró que los manteros concentrados disolvieran la propuesta sin lograr llevarse el material confiscado.

Otra situación fue la provocada por los vecinos de un residencial de Peñismar, quienes protestaron por el espacio de paseo que les quita la venta ilegal.