Decenas de vecinos de la avenida Marqués de Santa Cruz de Nules han recibido a lo largo de las últimas semanas una notificación del Ayuntamiento en la que se les informa de que el PAI a través del cual se urbanizó, hace ya más de una década, el suelo en el que residen hoy en día, puede ser declarado nulo como consecuencia de una sentencia judicial, lo que ha motivado gran inquietud y sobre todo, muchas preguntas entre los residentes.

A pesar de que el área afectada está totalmente desarrollada y habitada, no fue hasta el 2017 cuando un juez reconoció una serie de errores en la tramitación de la urbanización --en concreto, en la reparcelación--, que le han llevado a emplazar al consistorio a que «inicie y concluya el trámite, dictando la pertinente resolución expresa en orden a si existe la nulidad o anulabilidad» del citado programa urbanístico.

La complejidad del caso está detrás de la confusión que la carta ha suscitado entre los residentes. De hecho, el alcalde, David García, reconoció a Mediterráneo que «muchas personas han venido a preguntar qué está pasando y en qué les implica este tema». En su respuesta apeló a la serenidad: «Según nos ha indicado el arquitecto municipal, no tienen de qué preocuparse». Y es así porque, como señaló, «en el peor de los escenarios, será el Ayuntamiento el que tenga que responder ante los denunciantes», con toda probabilidad, abonando una indemnización. Y será así 15 años después de que se planteara el proyecto de reparcelación y pasados 13 desde que el pleno aprobara las cuotas de urbanización del citado desarrollo.

La zona afectada está conformada por numerosos viales, donde se construyeron viviendas unifamiliares y bloques de pisos, a partir de un proyecto impulsado a principios del 2000 por una Agrupación de Interés Urbanístico que se encontró con discrepancias a la hora de distribuir las parcelas y asumir las cuotas de urbanización establecidas. El procedimiento de alegaciones por parte de dos de los propietarios fue largo y no se admitieron sus reclamaciones hasta que, tras varios recursos, fue en el juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón donde se estimó «parcialmente la demanda».

En otras circunstancias, al declararse la nulidad de los acuerdos avalados en su día, la Justicia podría reclamar la restauración de la legalidad, pero al ser decenas los inmuebles construidos, todo apunta a que, cuando se subsanen los errores, se acabará indemnizando a los demandantes por una cantidad económica todavía por precisar.