El Congreso aprobó ayer, por mayoría arrolladora (336 votos a favor y tres abstenciones) y con los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PP, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís, entre otras formaciones, la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja que depure responsabilidades en la construcción del almacén de gas Castor. El pleno debatió la petición formulada por Compromís y Unidos Podemos para estudiar las posibles irregularidades del proyecto tras hacerse público un documento del Ministerio de Energía que demuestra que el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a ACS, empresa de Florentino Pérez.

La diputada de Compromís Marta Sorlí advirtió en varias ocasiones de que el almacén subterráneo, situado frente a Vinaròs, «era una estafa para la ciudadanía y una instalación peligrosa para el medio ambiente».

Por su parte, Unidos Podemos no renuncia a recuperar un dinero que, según la portavoz del grupo parlamentario, Ione Belarra, tenía que haber sido para mejorar la vida de ciudadanos.

En el palco del Congreso, expectante a los resultados de la votación, estaba el alcalde de Vinaròs, Enric Pla, al que hicieron mención varios diputados.

En diciembre del 2017, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la indemnización de 1.350 millones para las mercantiles promotoras (entre ellas ACS) del proyecto que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en el 2014, al considerarla inconstitucional.

Además, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional daba carpetazo el 12 de septiembre a la querella contra cinco exministros, dos exaltos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, por la construcción del polémico almacén de gas Castor.

Su resolución llegaba después de que, el día 21 de junio, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivara la querella tras descartar cualquier tipo de delito penal en la construcción de la infraestructura frente al litoral vinarocense.