Nuevo varapalo a las acusaciones penales contra la empresa concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS. La declaración, ayer, en sede judicial, del director general de gestión técnica de Enagás, Diego Vela Llanes, sirvió para certificar los datos del caudalímetro --en el gráfico adjunto-- que ratifican que la filial de la compañía ACS redujo el nivel de inyección los días 12 y 13 de septiembre del 2013, tras los pequeños terremotos que se registraron frente a las costas vinarocenses, en el límite con Cataluña. Y lo hizo horas antes, incluso, de que el Observatorio del Ebro --principal organismo de motorización y seguimiento de la planta-- lo recomendara a la citada compañía como medida de seguridad.

El caso Castor, que se encuentra en estos momentos aún en fase de instrucción prorrogada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vinaròs por tratarse de una causa compleja, ha permitido también conocer a lo largo de los últimos meses la versión del equipo pericial formado por los ingenieros y geólogos Jesús Artieda, Enrique Hernández y Eduardo Saleta. En su informe, aseguraban que la rebaja del caudal impulsada por la gestora de las instalaciones, además de eficaz, fue adecuada, no infringió ninguna prescripción técnica o normativa ni contravino ninguna indicación de las autoridades.

VALORACIÓN //

El presidente de los Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca), Joan Ferrando, calificó la declaración de ayer del perito de Enagás de «muy pobre». «Este señor ha hecho un despliegue de datos muy técnicos, centrados solo en Enagas y a quien se investiga es a Escal UGS», criticó.

«No ha hablado de lo que esperábamos, ya que creíamos que aportaría luz sobre la operatividad de la planta, si entre el 12 y el 13 de septiembre del 2013 estaba en pruebas o en marcha», aclaró. También confiaban en que tomara partido «y dijera si hubo negligencia en el funcionamiento».

ANTECEDENTES //

Cabe recordar que el informe del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT en inglés) ya concluyó que los microseísmos fueron provocados por el funcionamiento de la plataforma pero, según el mismo documento, tanto los funcionarios investigados como los empleados y directivos de Escal efectuaron todos los estudios necesarios y adecuados. En la misma línea se pronunciaron dos de los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).