La consecuencia de una irregularidad urbanística originada hace más de 30 años tendrá efecto en unas semanas. Tras un largo proceso judicial, la demolición del espacio de locales comerciales en la urbanización Peñíscola Playa está más cerca, tras un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con fecha de 29 de octubre, en el que aclara dudas e insta al Ayuntamiento al derribo.
El consistorio ha remitido cartas a los responsables de los espacios afectados para que dejen vacías estas propiedades. Tienen un mes desde la recepción de las notificaciones y llegado ese momento deberán dar cuenta de ello a la Administración local que, a su vez, el día 21 de enero, levantará acta de comprobación para remitirla al posteriormente al TSJCV.
Para hacer desaparecer la parte construida que provocaba el exceso de volumetría, el Ayuntamiento ya adjudicó en enero del 2017 los trabajos correspondientes, a la espera de conocer la determinación final de los tribunales. La medida supone un coste para las arcas municipales de 24.716,51 euros, IVA incluido. Posteriormente, se prevé que sea el gobierno local el que requiera a los propietarios para que abonen los costes de esta demolición.
PRECINTO / El anterior paso ocurrió en Semana Santa, cuando la Policía Local procedió al precinto de las actividades. El auto, además de significar las dificultades derivadas de la ejecución de la sentencia, acota responsabilidades. Indican que la promotora presentó una licencia de obras, pero que esta fue denegada por el consistorio. A pesar de ello «promocionó y vendió los locales comerciales, cuya ilegalidad ya conocía, porque se lo había dicho la administración y porque la propia jurisdicción se lo había confirmado». Añade que no puede entenderse que la Administración local «sea la que deba responder por los perjuicios».
