El fiscal jefe de Castellón ve indicios delictivos en la tramitación realizada desde el consistorio de Villamalur de la solicitud de empadronamiento de algo más de 40 personas, que no pudieron votar en las elecciones del pasado mes de mayo porque, según denunciaron, el alcalde, Juan Bautista Gimeno Gallén, presuntamente impidió que pudieran ser dados de alta en el censo electoral al desoír un informe del secretario del consistorio en el que especificaba que debía constar a efectos de alta la fecha de solicitud de empadronamiento y no la de la resolución, que fue la establecida.

Tras la investigación de la denuncia presentada por Adelante Villamular --cuya candidata se encontraba entre los afectados-- la Fiscalía ha dado traslado de sus diligencias al juzgado de instrucción decano de Nules, donde deberá determinarse si el alcalde popular cometió, como se presume, un delito de prevaricación y otro electoral.

En aquel momento fue el consistorio el que alertó ante la Justicia lo que desde el equipo de gobierno se consideró un «empadronamiento masivo» con fines electorales, pero la denuncia fue archivada.

La situación legal de Juan Bautista Gimeno ha dado un giro, aunque este es solo el inicio de un procedimiento que lo llevará hasta un proceso de instrucción en el que, inevitablemente, deberá pasar por los juzgados para prestar declaración y justificar la demora en el empadronamiento que, a tenor de lo expuesto, el fiscal cree probada.