Ante la sospecha que hizo pública el PP de la Vall d’Uixó sobre la posibilidad de que Hacienda reclame 600.000 euros de IVA por las entradas vendidas en les Coves de Sant Josep, entre 2016 y 2019, --periodo en el que pasaron de precio público a ser una tasa municipal, exenta del impuesto--, el gobierno local no duda en negar taxativamente esa información, que consideran «políticamente interesada».

Fuentes consultadas por Mediterráneo en el consistorio afirman que no hay ninguna investigación tributaria en curso, por lo que esa preocupación no estaría en la agenda del equipo de gobierno, que va a centrarse en consensuar la modificación de la ordenanza en la que, siguiendo el consejo de los técnicos municipales, volverán a considerarse los tíquets como precios públicos --con su consiguiente IVA--, lo que supondrá una inevitable subida del coste.

Sobre las discrepancias por el euro de diferencia entre la cantidad plasmada en la ordenanza y la que en su día se pactó con EU, la solución fue aportada por la alcaldesa, Tania Baños, que optó por resolver la disparidad de criterio de manera objetiva, contratando un informe externo basado en un estudio de mercado.

Desde EU defendieron ayer que el acuerdo se producirá sin dificultad, porque consideran «acertada» la propuesta de la munícipe y porque coinciden en que la revisión de los precios es necesaria. Según precisan, si en el pleno no se alcanzó fue por una mala gestión del tema de quien modificó lo pactado a posteriori.