«Los ayuntamientos solos no podemos atajar el problema del top manta». Así de contundente y taxativo ha sido el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, a la hora de verbalizar su indignación ante la falta de apoyos e inacción por parte de las administraciones superiores para acabar con el fenómeno de la venta fraudulenta.
En este sentido, el munícipe, que en reiteradas ocasiones ha reivindicado la necesidad de aunar fuerzas para acabar con la problemática, ha hecho un llamamiento a la colaboración y a la responsabilidad de las instancias superiores y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con competencias en materia de extranjería, «para poder luchar contra las mafias que están poniendo en riesgo las economías locales y que, además, perpetúan un sistema de explotación hacia los propios manteros», aseguró.
El munícipe explicó que en el arranque de una campaña turística poco común como la actual, complicada y condicionada por el excepcional escenario de crisis sanitaria del covid-19, «ya hemos detectado cómo empiezan a llegar, de forma paulatina, los primeros manteros con bultos llenos de ropa de imitación, marroquinería y artículos deportivos. Ahora es el momento de demostrar que en Peñíscola no toleramos ese tipo de actividad comercial ilegal», señaló, a la vez que hizo hincapié en una circunstancia que viene a agravar, más si cabe, el problema, «en el top manta».
La insistente queja de Martínez dirigida al Gobierno no es baladí y está fundamentada en la falta de respuesta que han obtenido sus demandas, «la Guardia Civil apenas puede colaborar unos días a la semana en patrullas conjuntas por falta de efectivos y desde la Subdelegación nos deniegan, nueve meses después de solicitarlo, emplear policías de paisano para poder llevar a cabo intervenciones con mayor efectividad», indicó. «Por nuestra parte, y para evitar la venta a toda costa, estamos destinando patrullas policiales para impedir que los manteros puedan extender sus artículos; esta tarea nos supone grandes esfuerzos materiales y humanos», recalcó, y constató la falta de colaboración e implicación por parte de otras instituciones.
Así las cosas, Martínez avanzó que el Ayuntamiento de Peñíscola convocará en breve una Junta Local de Seguridad para trasladar formalmente a todas las instancias superiores las necesidades de la localidad costera en materia de seguridad.
El alcalde fue rotundo a la hora de «proteger al comercio legal, que cumple con estrictas normas de seguridad y paga impuestos, frente a la venta fraudulenta, que no ofrece garantías», y aseguró que «el top manta es un perjuicio adicional para los establecimientos vinculados al turismo que, probablemente, verán reducidos sus ingresos por la evidente ralentización de la actividad que sufre el sector».
El pasado mes de febrero, Peñíscola acogió la I Jornada sobre el fenómeno top manta. En el congreso, que contó con la participación de reconocidos ponentes y de representantes de consistorios de distintas comunidades autónomas con la misma problemática, se apuntaron como posibles soluciones la voluntad política, la unidad y cooperación de todas las fuerzas de seguridad y la sensibilización del consumidor. En marzo, se constituyó el Consejo de Comercio para establecer sinergías y erradicar esta práctica.
