L as denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas han descendido en Castellón a la mitad este año respecto al ejercicio anterior. Según cifras facilitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico a este periódico, en los primeros seis meses del 2020 se han interpuesto un total de 354 , frente a las 673 sanciones del 2019.
La razón hay que buscarla, una vez más, en la crisis sanitaria del coronavirus, que durante los meses más duros de la pandemia obligó a decretar un estricto confinamiento y a restringir los movimientos de la población. Además, desde el 14 de marzo y hasta finales del mes de junio, ni la Policía Local ni la Guardia Civil realizaron controles de alcoholemia rutinarios en la provincia ante la falta de protocolo y la gravedad de la situación derivada de la pandemia. Los agentes únicamente realizaban tests en caso de accidente o si el conductor presentaba una conducta irregular al volante (síntomas evidentes de embriaguez o circulación anómala).
Actualmente y desde finales de junio, las policías municipales sí han retomado las pruebas rutinarias (especialmente, en localidades costeras turísticas), no así la Benemérita, según confirman fuentes del instituto armado a este rotativo. Y es que en situación de nueva normalidad todavía existe mucha incertidumbre acerca de estas pruebas de aire espirado y saliva, en cómo llevarlas a cabo y en los medios de protección para efectuarlas con seguridad.
«El de los controles de alcoholemia como los conocíamos antes de la pandemia es un tema complejo. Sería importante tener un protocolo claro y ahora mismo no hay nada establecido», comentan asociaciones y sindicatos policiales. «Aunque se cambien las boquillas, siempre quedan esporas de saliva en el alcoholímetro. Si nos obligan a mantener la distancia y a llevar mascarilla, es difícil justificar que todos los conductores deban soplar en un mismo aparato», afirman agentes consultados. Por el momento, si un conductor se niega a soplar, se le imputaría un delito directamente. H
