El Ministerio Fiscal ha concretado este viernes la imputación contra el exalcalde de Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez (PP) y ha pedido prueba en la causa que investiga supuestas irregularidades urbanísticas.
De la misma forma, el PSOE, que está personado en la causa como acusación popular, también ha concretado la imputación, mientras que la defensa de Martínez ha solicitado el sobreseimiento del procedimiento al considerar que no existe delito.
Ahora el juez Jacobo Pin, que también es el encargado de investigar a Carlos Fabra en otro caso, deberá dictar una resolución en la que indique si continúa adelante el procedimiento, si admite o no las pruebas o si archiva la causa.
El juzgado de instrucción número 4 de Castellón decidió, a través de un auto, transformar las actuaciones relativas a esta causa a procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado.
Querella de la Fiscalía
Según dicho auto, la causa se inició en enero de 2016 a partir de una querella interpuesta por la Fiscalía. El 14 de marzo de 2017 se dictó un auto de incoación de procedimiento abreviado, en el que se indicaba que Francisco Martínez, su hija (Andrea Martínez) y su socio (Raúl Babiloni), actuando como personas físicas en unos casos y en otros a través de varias sociedades, usando información privilegiada, adquirieron a bajo coste determinadas fincas sobre las que existían planificaciones urbanísticas proyectadas por el Ayuntamiento de Vall d'Alba para más tarde transmitirlas por un alto precio o reservarlas con dicha finalidad, lucrándose con ello.
Además, señalaba que Francisco Martínez intervino en las adquisiciones y ventas directamente o por medio de otros familiares en proyectos de urbanización sometidos a su competencia municipal, propiciando mejoras urbanísticas que directamente beneficiaban a sus propiedades.
En mayo de 2017 el ministerio fiscal presentó escrito de acusación contra las anteriores personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionario, fraude administrativo y blanqueo de capitales.
Recurrido en apelación el citado auto, la Audiencia Provincial de Castellón lo revocó por "no contener una exposición debidamente precisada de los hechos imputados con posible relevancia penal". Posteriormente se dictó nuevamente auto de incoación de procedimiento abreviado que, recurrido así mismo en apelación, dio lugar a la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la que trae causa la presente.
Según el juzgado de instrucción número 4, Francisco Martínez, siendo alcalde de Vall d'Alba y aunque no tuviese directamente encomendadas las funciones relativas a la actividad urbanística es "lógico" presumir que tenía conocimiento de cualquier proyecto urbanístico que se estuviera fraguando en el municipio, y añade que el presente procedimiento pretender determinar si el investigado y su círculo personal más próximo pudo aprovecharse de su conocimiento en materia de futuros proyectos.
Indicios de delitos
Así, considera que en la causa concurren indicios de la comisión por parte de Francisco Martínez, su hija y un empresario de un delito continuado de uso de información privilegiada. Además, el juez asegura que también se aprecian indicios de presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionario, del artículo 439 del Código Penal, tipo delictivo atribuido a la competencia del Tribunal del Jurado.
También indica el juez que concurren indiciariamente los elementos del tipo de blanqueo en las conductas objeto de autos, "al haberse podido trazar con relativo detalle el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo, relación de causalidad entre los actos de blanqueo y una previa actividad delictiva que permite afirmar la procedencia ilícita del patrimonio a blanquear".
