Al final la amenaza se ha acabado cumpliendo. El Ayuntamiento de Sagunt ya ha notificado al juzgado que presentará un contencioso administrativo contra las obras proyectadas por Costas para proteger el litoral de Almenara y la Llosa. Una decisión que ha sentado como un jarro de agua fría para el consistorio almenarense, que confía en que, pese a ese este nuevo contratiempo, los reivindicados espigones «se ejecuten y así se pronuncie la justicia y el Ministerio de Transición Ecológica», del que depende Costas.
Con esas palabras, convencida de que el Gobierno «defenderá este proyecto hasta el final», valora la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, el anuncio de la localidad valenciana de llevar los trabajos a los tribunales. «Lo que pretende llevar a cabo Sagunt es un acto muy poco solidario, cuando Almenara ha sido más que solidaria con el resto de municipios que han ido por delante en inversiones en la costa», arguye, y remarca que la demanda que prepara el otro municipio es «una guerra que tiene Sagunt con el Ministerio», que espera «que no afecte al proyecto de Almenara».
Obras aún sin adjudicar
La decisión de judicializar el asunto llega con las obras para alargar las escolleras aún sin adjudicar. Han pasado dos meses desde la apertura de la plica económica que presentaron las 14 empresas que optan a asumir los trabajos y, aunque fuentes consultadas indican que Costas podría anunciar el ganador de la puja en breve, ahora el quid de la cuestión es saber si el ente gubernamental seguirá o no con la tramitación tras el camino tomado por Sagunt.
Unas tareas para alzar los espigones que inicialmente están valoradas en 7,8 millones de euros, pero que probablemente no alcanzarán los seis, dado que las cinco firmas con más opciones para llevarse la adjudicación han presentado propuestas económicas por debajo de esa cantidad.
La visión de Sagunt: "No tenemos más remedio"
Después de que un nuevo informe técnico reforzara los efectos nocivos de los espigones de Almenara en las playas del norte de Sagunt, su alcalde, Darío Moreno, alega que no tenían opción. «No tenemos más remedio que seguir hacia adelante con el proceso judicial como medida de presión para proteger nuestros intereses», argumentó. Informa Rafa Herrero.
