La Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica asegura que en el 2020 se corrigieron más de 3.000 puntos de apoyo de líneas eléctricas en todo el territorio valenciano, y anuncia más acciones ante la necesidad de hacer compatible la presencia de estas instalaciones con la vida de las aves que, como denunciaron ayer entidades de protección, sufren una mortandad «alarmante» víctimas de la electrocución.
Esta afirmación de la Generalitat contrasta con las informaciones facilitadas por profesionales e investigadores de este ámbito, que insisten en que la aparición de cadáveres de todo tipo de aves, en especial rapaces, es muy habitual, por lo que califican la situación actual de «muy grave».
Realidades distintas
La información que manejan profesionales y asociaciones conservacionistas no coincide con la oficial, pues ayer en Conselleria incidieron en que la cifra de rectificaciones realizadas «es muy significativa» y en consecuencia «de acuerdo con los informes de evaluación preliminares, ya se ha detectado una reducción de riesgos, al priorizar las actuaciones sobre zonas de presencia de rapaces», aseguraron.
La ley solo obliga a las eléctricas a actuar en sus infraestructuras con la instalación de sistemas antielectrocución en zonas protegidas, razón por la cual desde el área que dirige Mireia Mollà recuerdan que la dirección general de Medio Natural «tramita una resolución de ampliación de las zonas de protección que integrará más del 80% del territorio».
De forma complementaria, el gobierno autonómico mantiene «líneas de actuación con compromisos y planes de corrección vinculados con todas las empresas eléctricas». Destacaron, además, que el Gobierno de España destina 2,3 millones «para obras de adecuación de líneas eléctricas».
La aplicación de esas medidas es demasiado lenta para quienes observan a diario la mortandad que provocan. Solo el año pasado, en Onda fallecieron electrocutadas 17 cigüeñas y el 90% de las muertes de búho real en Castellón son por esta causa, por no hablar del águila perdicera, catalogada como especie vulnerable, que ha visto reducida su población a menos de la mitad en una década.
