Preocupación municipal y vecinal en l’Alcora por el estado de abandono del vertedero de la extinta empresa Reyval. Según expone el alcalde, Samuel Falomir, la instalación se cerró en el 2012, pero todavía no se ha realizado el proyecto de clausura, por lo que sigue igual que entonces. «Conforme terminaron de poder trabajar, lo abandonaron», recrimina.
El «peligro» reside en su ubicación. Al estar pegado al barranco del Regatell, el primer edil teme que algún día, debido a una «fuerte tormenta» con lluvias «torrenciales», todos los residuos del vertedero puedan desprenderse por el barranco, que desemboca en el pantano de María Cristina, lo que «provocaría un gran desastre de efectos medioambientales», avisa.
Estamos hartos de denunciar esta situación ante la Generalitat, hasta el punto de que hemos presentado una demanda por este asunto
Por ello, el consistorio ha informado y ha alertado largo y tendido al Consell sobre el riesgo que supone esta situación, pero ante la falta de respuesta del gobierno autonómico por encontrar un remedio, el Ayuntamiento llegó a presentar un contencioso administrativo para exigir acciones que eviten posibles daños ecológicos, como es la contaminación de las aguas del pantano. «Estamos hartos de denunciarlo ante la Generalitat, que es la que tiene competencias para poner una solución, hasta el punto de que hemos presentado una demanda por este asunto», argumenta Falomir.
Contaminantes por encima de los niveles legales
No en vano, los vecinos vienen recriminando desde hace años niveles de algunos contaminantes por encima de los legales en el vertedero, así como gran cantidad de residuos hospitalarios sin inertizar en la instalación abandonada tras su cierre.
Hay que recordar que, primero a través de un recurso de alzada y después de un contencioso administrativo, el consistorio y la plataforma ciudadana No a la contaminación de l’Alcora dieron los pasos necesarios para conseguir la clausura definitiva del vertedero de la antigua Reyval en la partida Regatell, que a su vez fue también el principio del fin del proyecto de la incineradora, que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) con el cierre de la planta de tratamiento de la extinta empresa, después de 25 años de actividad en la villa ceramista.
Gestión irregular de los desechos
El resultado de las analíticas en el 2016 de los residuos extraídos en las diferentes catas que se perforaron en el vaso de inertes y de inertizados en el Regatell demostraron lo que denunciaba la asociación vecinal hace años: los residuos que supuestamente se inertizaban no se hacía como era debido. Así, los vertidos industriales peligrosos se gestionaban de manera irregular, ante la falta de control eficaz por parte de las administraciones públicas, lo que ponía en riesgo de contaminación el acuífero superficial y las aguas del pantano de María Cristina, donde hay niveles de plomo por encima de los límites legales desde hace bastantes años.
La posible reapertura de la planta de residuos espera alegaciones
El vertedero del Regatell pertenece a la misma familia de la planta de residuos de Reyval, que ahora, bajo el nombre de Aprocol, ha obtenido el certificado de compatibilidad urbanística de actividad de almacenamiento y tratamiento de vertidos peligrosos y no peligrosos por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. El expediente de impacto ambiental se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública y el Ayuntamiento ya convocó la semana pasada a los portavoces de los grupos municipales y miembros de la asociación No a la contaminación de l’Alcora para revisar a fondo y de forma conjunta toda la documentación cara a presentar alegaciones. Además, el alcalde ha pedido por escrito una reunión con la consellera del área, Mireia Mollà.
Tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía quieren asegurarse de que no se repita todo lo que rodeó a Reyval en l'Alcora con su proyecto de incineradora y que generó una batalla judicial entre el consistorio alcorino y la empresa, ya extinta, con históricas manifestaciones en l'Alcora, Castelló e incluso València, con más de 5.000 personas preocupadas por la salud medioambiental de la localidad azulejera, hasta que lograron ganar la sentencia que obligó a la empresa a cerrar en el 2017 tras anular el Tribunal Supremo su AAI (Autorización Ambiental Integrada).
