Habitantes de muchas localidades de Castellón siguen en pie de guerra contra las dos líneas de muy alta tensión (MAT) proyectadas en la provincia. Más aún los ganaderos, que ven cómo las torres eléctricas podrían llegar a pasar muy cerca de sus casas.
Un ejemplo paradigmático de este problema es el de Miguel Ángel Troncho, que vive en la masía Fraiximeno, en Morella, al que no le hace falta imaginar lo que sería vivir rodeado de gigantes de hierro.
Él, al igual que el resto de moradores de este pequeño núcleo poblacional de la capital de Els Ports, ha visto en primera persona en las últimas décadas cómo se ha construido una subestación eléctrica a escasos metros de sus viviendas y cómo las torres de alta tensión colman todo su terreno.
«La infraestructura ya lleva el nombre de la masía, mira si la tenemos cerca», explica Troncho, uno de los principales afectados de esta masía, que está habitada desde hace más de 750 años, pero que ahora su futuro está seriamente amenazado.
25 torres en solo 80 hectáreas
Los problemas para estos vecinos comenzaron en 2003, cuando se construyó la subestación, y desde entonces las torres han ido progresivamente invadiendo el territorio. «Tenemos la instalación a menos de 400 metros de la casa y a 50 de las granjas de los animales», dice.
Además, dentro del terreno de la masía, que tiene apenas 80 hectáreas, hay instaladas 25 torres, «de las que tres son de muy alta tensión y, si se materializa la MAT, hay previstas tres más».
Indemnizaciones irrisorias
Estás obligado a firmar. Si no accedes, como la obra está declarada de interés público, te expropian. No hay salida
En contra del plan que amenaza su futuro, los propietarios denuncian el trato que se les dispensa desde las administraciones. Según relata Troncho, las indemnizaciones que han percibido son irrisorias. «Estás obligado a firmar. Si no accedes, como la obra está declarada de interés público, te expropian, no hay salida», protesta. Además, el pago único que perciben no cubre la actividad perdida anualmente. «Lo pagan como suelo rústico, que es mucho más barato, y nos prohíben realizar cualquier tipo de actividad a 400 metros de las torres, lo que supone no poder trabajar las tierras en 800 metros», dice.
Por ese motivo, considera que «la indemnización debería ser acorde a la penalización que sufre la parcela, pues al limitar su actividad, se desvaloriza toda la propiedad».
