Con la declaración de impacto ambiental ya en el bolsillo (un trámite que le ha costado alcanzar más de una década), Red Eléctrica Española (REE) promete generar «un espacio de diálogo» para compensar a los ayuntamientos y dueños afectados por la línea de muy alta tensión (MAT) Morella-la Plana que planea implantar, que incluye la instalación de 186 torres eléctricas en un recorrido de 86,7 kilómetros que atravesará 16 municipios de Castellón, desde la capital de Els Ports hasta Almassora.
Fuentes de la compañía aseguran que visitarán de nuevo «a cada uno de los propietarios» de las parcelas por las que pasarán los apoyos, con el objetivo de formalizar, «con criterios transparentes y homogéneos», los acuerdos económicos sobre las servidumbres.
Al mismo tiempo, desde REE afirman que la empresa retomará el contacto con los ayuntamientos y otros grupos de interés a través de nuevas reuniones, como reivindican que «ya se han mantenido a lo largo de las distintas etapas del proyecto», para informarles sobre los próximos pasos y buscar una «colaboración en el ámbito del desarrollo social local».
¿Qué pasos faltan?
Al margen de estos acercamientos, en lo meramente burocrático y, aunque el principal escollo ya lo han sorteado (el informe ambiental), la firma está a la espera de conseguir la autorización administrativa previa, el permiso de construcción y la declaración de utilidad pública del proyecto, que debe emitir la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica.
Tras la consecución de estos informes (a priori más sencillos de cosechar, en comparación con el precedente), la empresa ya podrá actuar sobre el terreno y empezar las obras. Aunque evitan pronunciarse sobre una fecha para iniciar los trabajos, la previsión es que puedan tener este año en el zurrón los restantes vistos buenos gubernamentales y, sabiendo que esperan recibir la autorización para explotar la nueva MAT en el 2024, todo apunta a que, si nada se tuerce, las tareas podrían empezar a lo largo del próximo 2022.
¿Aún se pueden hacer cambios en el trazado?
Pese al rechazo generalizado en el interior en torno a esta línea (es donde produciría un mayor impacto), el ok ambiental del Ejecutivo a su trazado hace que intentar variar el recorrido a estas alturas sea misión casi imposible, como mucho algún tramo muy concreto solo. «Es bastante complicado, haría falta un consenso muy, muy grande entre empresa, Conselleria, ayuntamientos y Ministerio», apunta el diputado provincial de Desarrollo Rural, Santi Pérez.
El escollo principal, comenta, está en los «parámetros» y la «visión» que tiene cada implicado sobre cómo tiene que ser esa MAT. «En más de un caso, lo que a lo mejor quiere un consistorio no cuadra con lo que pide Conselleria o choca con los intereses de otro ayuntamiento», dice.
La experiencia de Forcall con Red Eléctrica: logró que la compañía ampliara su residencia
Aunque más de uno de los 16 alcaldes afectados echa chispas porque alguna torre de las 189 proyectadas pasan muy cerca de zonas que quieren libres de la alta tensión, hay municipios que, atendiendo a experiencias anteriores a esta línea, guardan un buen recuerdo de lo que supuso su relación con Red Eléctrica (REE). Es el caso de Forcall, cuyo alcalde, Santi Pérez, rememora que el diálogo que mantuvo (entre 2015 y 2017) con la empresa cuando se vio obligado a lidiar con ella fue «constante» y «fluido».
Pese a las lógicas discrepancias iniciales al ver que más torres iban a invadir la localidad, su insistencia supuso compensaciones cuantiosas para Forcall. Aparte de los 6.000 euros por km² que daba la firma y el desvío de la línea que había entonces para que «todas fueran por el mismo sitio», el municipio logró rascar otros 50.000-60.000 euros al ser uno de los más afectados. Aun así, el alcalde volvió a «llamar a la puerta» de REE y también logró que financiara la ampliación de la residencia de la tercera edad que hay en el pueblo (valorada en «unos 70.000 euros», recuerda).
