Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Almassora. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condena al consistorio al pago de 532.399,3 euros por una gestión urbanística del 2013, concretamente, para el abono de unos terrenos con acceso desde la calle Cabanes. El alto tribunal valenciano estima el recurso contencioso-administrativo de los propietarios, que instaron al Ayuntamiento a iniciar la expropiación hace ocho años y, ante el silencio administrativo del entonces equipo de gobierno del Partido Popular, fue el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa el que resolvió la cuantía a pagar por el consistorio.
La administración local ya abonó 308.755,78 euros en el 2017 por este litigio y, otra vez, hará frente a otro gasto vinculado a la nueva valoración de los terrenos. La sala estima la pretensión de los demandantes al anular el acuerdo anterior del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y fijar el importe del justiprecio en 841.155,08 euros, tal como determina la perito de designación judicial. El más de medio millón de euros que ahora reserva el Ayuntamiento corresponde a la diferencia entre el global fijado por el TSJCV y la cantidad abonada.
Junto al IES Falomir
La parcela que motiva el litigio tiene una superficie total de 3.729 metros cuadrado, está situada junto al instituto Álvaro Falomir y calificada como dotacional docente.
Según fuentes municipales, la propiedad reclamó 3.223.845,36 euros en el 2015, «después de que el consistorio ignorara su obligación de expropiar, según marca la legislación valenciana». El litigio entre las partes ha motivado numerosos informes de valoración.
Pese a que el proceso todavía no se encuentra cerrado y el Ayuntamiento ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), el pleno del consistorio tendrá que aprobar, en breve, una modificación de crédito con el objetivo de reservar los fondos para garantizar el cumplimiento de la sentencia en caso de no prosperar el recurso municipal.
En este sentido, la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, confirma que «el Ayuntamiento se verá obligado a concertar un préstamo para hacer frente a esta sentencia sin desatender ninguno de los proyectos que están previstos en el municipio para el ejercicio actual». Y así lo comunicó la munícipe durante la junta de portavoces celebrada al mediodía de ayer.
