El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en exposición pública el proyecto de expropiación del terreno que permitirá completar el acceso adecuado al colegio Iturbi. La intención del equipo de gobierno es contar este año con el terreno y, de cara al 2022, realizar las labores de urbanización de la calle para que padres y alumnos dejen de tener una entrada provisional desde hace más de 15 años plagada de inconvenientes.
Con este procedimiento, que se prolongará a lo largo de varios meses, el consistorio busca adquirir las dos parcelas necesarias para abrir un nuevo vial que dé servicio al centro educativo y concluir definitivamente las obras de la infraestructura promovida en 2005 por la Conselleria de Educación. El concejal de Educación, Ramón Monferrer explicó que “por el momento, lo que hemos puesto en marcha es la exposición pública del inicio del procedimiento de expropiación porque, si no obtenemos los terrenos, no podemos continuar con el plan”.
Superficie de 85.000 m2
Se trata de los solares paralelos al colegio que ocupan una superficie de más de 85.000 m2 y que están valorados en cerca de 80.000 euros, cantidad que el consistorio ya ha reservado en los presupuestos del presente ejercicio. De este modo, se abriría una nueva calle que conectaría la avenida Jaume I con el Camí l’Axiamo para colocar el acceso que inicialmente planteó el proyecto de Conselleria en el momento de construir el centro. Monferrer alude a que “lo que queremos es legalizar por fin las obras del colegio que, después de tantos años siguen sin estar concluidas porque el equipo de gobierno del momento no hizo los deberes”. Por diferentes inconvenientes, el Ayuntamiento no pudo cubrir la exigencia de Generalitat de urbanizar ese terreno por lo que esta cuestión se ha quedado pendiente hasta ahora y la administración sigue sin haber podido recepcionar las obras.
Tanto la asociación de padres como el claustro han sido muy beligerantes con esta problemática porque aseguran que al estar tan enclaustrado el centro, el número de escolarizaciones ha descendido a causa de la poca visibilidad. Además, la entrada provisional ha ocasionado problemas de inseguridad como caídas y tropiezos.
El proceso administrativo iniciado significa el principio del fin para esta precariedad y la previsión que se baraja es que en 2022 se pueda dotar a la zona de los servicios urbanísticos necesarios como alumbrado, alcantarillado, aceras o red de abastecimiento de aguas.
