Costas no cede y se reafirma en su plan de derribar el poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes por encontrarse en dominio público marítimo-terrestre. La medida supondrá desalojar a cerca de un centenar de vecinos de sus casas y así se les ha avisado mediante una notificación oficial en la que les dan un plazo de ocho días para presentar alegaciones.

La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, mantuvo una reunión este viernes en Castelló con el director territorial de Costas, Fernando Pérez, para pedir explicaciones sobre el procedimiento y defender los intereses de los habitantes.

Los propietarios afectados coinciden en criticar el «escaso tiempo» habilitado, mientras desde el Ministerio de Transición Ecológica señalan que «es el previsto en la normativa». Por lo que tanto estos ciudadanos como el Ayuntamiento (que también posee parcelas) se apresuran en preparar la documentación necesaria a contrarreloj para poder alegar.

"Desde Costas nos han dicho que, al estar el poblado dentro del dominio marítimo-terrestre, los vecinos están ocupando unos terrenos que no son de su propiedad"

Virginia Martí - Alcaldesa de Cabanes

«Nos explicaron que la línea de Costas abarca todas las casas y al estar dentro de dominio marítimo-terrestre se están ocupando unos terrenos que no son de su propiedad. También nos indicaron que había un periodo desde 1978 hasta 2019 para pedir las concesiones y nadie las ha solicitado», trasladó la munícipe. Por su parte, la teniente de alcalde, Lidón Morralla, añadió que «si firmaban la concesión reconocían no ser propietarios y tenían que pagar un alquiler y no quisieron».  

La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, se reunió ayer en Castelló con el jefe de la demarcación provincial de Costas. David García

Los técnicos del consistorio trabajan en preparar varias alegaciones, ya que hay diferentes casuísticas. Una será para defender a todos los vecinos y otra de la parte más del litoral. «Ellos entienden que la línea está ahí y nosotros tenemos que luchar para demostrar la titularidad de la propiedad», señaló la primera edila, quien reiteró que no descartan la vía judicial.

Costas dice que son ocupaciones ilegales

Por su parte, desde el Ministerio afirmaron que «se trata de dar cumplimiento a lo establecido por la ley de Costas, que prohíbe los usos habitacionales». «Son unas ocupaciones sin título de propiedad a las que, en su día, y en virtud de lo previsto en la ley, se les otorgó una concesión en régimen transitorio o compensatoria que venció en julio del 2019 (es decir, lo suyo sería que se hubiese abierto el expediente de recuperación posesoria entonces). Se ha hecho ahora, siguiendo el procedimiento establecido con ocupaciones ilegales en dominio público marítimo-terrestre», tal como señalan.

Sin embargo, hay vecinos que afirman tener las escrituras de sus inmuebles y lo demostrarán con las alegaciones correspondientes. El Gobierno deberá clarificar el caso de cada una de las viviendas tras recibir las aportaciones.

La situación se está viviendo con indignación por parte de los vecinos, al tratarse de casas con mucha historia, algunas construidas hace alrededor de un siglo