Día clave para el futuro de Torre la Sal. La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, después de reunirse el pasado viernes en Castelló con el responsable provincial de Costas, se verá este mediodía las caras en Madrid con su jefa de filas, la directora general de la entidad, Ana María Oñoro, a quien la munícipe presionará para salvar el poblado marítimo y evitar a toda costa el derribo de un centenar de casas.
Martí aprovechará el encuentro con la máxima responsable de este órgano adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica para presentar las alegaciones que ha preparado el Ayuntamiento con el objetivo de clarificar la propiedad de las viviendas y garantizar la supervivencia de Torre la Sal con todas las garantías jurídicas para las próximas generaciones.
En concreto, la reivindicación del consistorio se centrará en dos grandes reclamaciones. Por un lado, en los terrenos de la zona marítima que van desde el cámping de Torre la Sal hasta el poblado, que afectan directamente al gobierno local. Y por otra, la defensa de los intereses y los domicilios de los vecinos, a fin de paralizar el expediente que amenaza con desposeerles de sus hogares en la zona.
¿Cuándo acaban los ocho días que les dieron?
Quienes también han trabajado a contrarreloj para plasmar por escrito sus objeciones a Costas son los residentes, hasta el punto de que cerca de la mitad de habitantes afectados por la resolución ya han presentado sus alegaciones. Y es que para los que primero recibieron la notificación el pasado lunes 10 de mayo termina hoy el período (les dieron solo un plazo de ocho días), pero no todos los propietarios obtuvieron la carta el mismo día, por lo que la fecha máxima de entrega varía. Algunos, incluso, aún no han recibido ese escrito.
Los dueños centran sus réplicas en pedir a la entidad que demuestre que, como les hizo llegar, sus viviendas están situadas dentro del dominio público marítimo-terrestre. Según relata el presidente de la asociación vecinal, Juanjo Agost, hay un supuesto primer deslinde (que incluyó las casas dentro de la línea de dominio público) que se realizó en 1975 y otro segundo en 1993, pero de ninguno de los dos notificaron a los afectados que había concluido. «Nadie hemos recibido nada al respecto sobre estos posibles deslindes. Si no concluye con una orden ministerial, con una notificación a los interesados y a los registros de la propiedad, no ha acabado, por lo cual no es un acto válido», dice.
De hecho, una muestra de este desconocimiento por parte de todos los damnificados, es que «en torno a los años 80 el propio Ayuntamiento, que era propietario del terreno grande de segunda línea, realizó una parcelación y sacó a subasta la segunda fila de casas», recuerda el presidente. De este modo, hay vecinos que compraron estas viviendas, de las que ahora se les pretende desalojar, al propio consistorio, explican desde esta agrupación.
Llevan recogidas 7.100 firmas ya
Viendo el modus operandi de Costas, al catedrático José Cristóbal Serra Peris, de la Universitat Politècnica de València (UPV), que es el experto al que Almassora encomendó su estudio para analizar la regresión de su playa, no le extrañaría que el ministerio optara finalmente por derribar Torre la Sal. «Ya ha pasado en episodios anteriores, por lo que es más que factible que la única opción que defienda el ministerio sea la de demoler las viviendas», razona.
Para impedir llegar a ese extremo y salvar sus casas, los vecinos iniciaron una campaña de recogida de firmas a través de change.org. En cuatro días llevan ya 7.100, a menos de 400 del objetivo que se plantearon.
El PP elevará las quejas al Congreso y al Senado
«No vamos a permitir que el Gobierno del PSOE reduzca a escombros un patrimonio único y singular que a lo largo de varias generaciones ha sido preservado, cuidado y protegido por las familias de Torre la Sal». Así de contundente se mostró este martes la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, que se desplazó al poblado de Cabanes, acompañada por el diputado nacional Óscar Clavell y los senadores Salomé Pradas y Vicente Martínez, que se comprometieron a trasladar a Madrid las quejas de los vecinos.
«No se entiende que el PSOE, sin sensibilidad alguna, haya enviado una carta a estos dueños anunciándoles el derribo de sus propiedades», criticó Barrachina.
Paralelamente, la portavoz adjunta de Compromís en Castellón, Mònica Àlvaro, y la diputada autonómica Belén Bachero presentaron una proposición no de ley en Les Corts para reclamar al ministerio paralizar «de forma inmediata» el expediente que «amenaza el futuro de unas viviendas tradicionales edificadas legalmente».
