Almassora actuará para mitigar el impacto que generan las adicciones entre los jóvenes de la localidad. El Ayuntamiento anunció este miércoles que prepara una serie de medidas para paliar los efectos que causa a los adolescentes estar enganchados a los juegos de azar y las apuestas deportivas, los videojuegos o el uso excesivo del teléfono móvil y las redes sociales.
El consistorio toma esta decisión tras conocer los resultados del informe elaborado por la Universitat de València sobre el comportamiento de los menores almazorenses, cuyas conclusiones presentaron la alcaldesa, Merche Galí, y la concejala de Educación, Raquel Barberá. Para la muestra, sondearon a 200 alumnos de los institutos Vila-roja y Álvaro Falomir y el centro de Formación Profesional (FP) Cervantes.
Supervisión menor en establecimientos de hostelería
Con ese objetivo, el gobierno municipal realizará campañas informativas y sesiones para la juventud matriculada en estos recintos educativos. Además, también estudian la posibilidad de aumentar los controles policiales en los establecimientos hosteleros que cuenten con máquinas para realizar apuestas. No en vano, el informe demuestra que, así como en los salones de juego sí existe un control exhaustivo de la edad de los jugadores, en los bares o restaurantes esa supervisión es mucho menor.
Entre algunos de los datos que arroja la investigación, destaca que más de la mitad de los jóvenes (cerca del 55%) ha realizado alguna apuesta deportiva o lo hace con frecuencia, hasta el punto de que un 10,1% de los encuestados es jugador de riesgo y un 5,1% participa de manera patológica, lo que «lleva a convertirse en un problema de salud grave», avisan.
De forma homóloga, el 7% de los menores almazorenses tienen dependencia del móvil, mientras que un 16% de los adolescentes sondeados asegura que están muy enganchados a los videojuegos. «Los estudios reflejan cifras muy negativas sobre los jóvenes de los tres centros de Almassora», advierte al respecto la edila de Educación, quien subraya que se trata de un problema que deben solucionar entre los sectores implicados: «Ayuntamiento, cuerpos de seguridad, familiares de los menores y centros educativos».
