La gestión de los residuos voluminosos, esos trastos de los que todo ciudadano en alguna ocasión ha necesitado deshacerse, se ha convertido en algunas de las ciudades más importantes de la provincia en un problema muy serio. Los hechos demuestran que hay personas que, pese a tener a su alcance alternativas gratuitas como los ecoparques o los servicios de recogida a domicilio, consideran más cómodo e igualmente legítimo abandonar esa basura en cualquier parte. Parece darles igual exponerse a sanciones que oscilan entre los 600 y 1,75 millones de euros. Asegura el Seprona que solo por tirar una lavadora donde no corresponde, el infractor puede recibir la multa máxima. Aunque lo difícil es dar con el culpable.
En la Vall d'Uixó deben arrepentirse y mucho del momento en el que se estableció un día al mes, el primer lunes, para sacar los trastos a la calle para que la empresa concesionaria los recogiera. Llegada la fecha en cuestión, las calles se convertían en improvisados vertederos donde la gente depositaba de todo y en cantidades sorprendentes. Con la explosión de la pandemia se prohibió esta costumbre, pero un significativo número de vecinos desoye las advertencias y sigue haciendo lo mismo, a pesar de que el Ayuntamiento ha establecido un servicio gratuito con cita previa para recogerlos a domicilio. Muchas personas lo utilizan, pero el concejal de Sostenibilidad, Fernando Daròs, alertó hace poco de que, entre septiembre y diciembre del 2020, frente a las 282 actuaciones de media cada mensualidad que se realizaron de manera controlada, 590 fueron para retirar vertidos ilegales.
La empresa encargada de la retirada de residuos en Burriana, Fobesa, afirma que prácticamente la mitad de los servicios que realizan para gestionar voluminosos se corresponden con vertidos que no se han concertado. Desde el consistorio reconocen que se ha registrado un repunte en el incumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana que ha llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia policial para tratar de identificar a los responsables. Este trabajo ha culminado con la imposición de hasta 12 sanciones entre enero y abril tipificadas como faltas graves, lo que puede suponer el pago de entre 600 y 30.000 euros.
Infractores ante el juez
Tirar voluminosos, ya sea en zona urbana o rural, es un delito medioambiental, por lo que su investigación suele caer en manos del Seprona de la Guardia Civil, en especial cuando se trata de casos graves, como el macrovertedero de la Vall d’Uixó junto al Carmaday o el que se encontró en Peñíscola, en plena Serra d’Irta. Aunque lo más habitual es que las policías locales se encarguen de investigar el origen de estos focos de abandono de basura. En ocasiones, el empeño por identificar a los culpables da sus frutos, como la semana pasada en la Vall, cuando pillaron al trabajador de una empresa de vaciado de casas como autor de dos vertidos.
Indican desde el Seprona que los responsables, en determinados casos, no solo se arriesgan a la multa económica, sino también a acabar ante los tribunales si un técnico demuestra que se ha provocado un daño sustancial al entorno o se ha puesto en riesgo a las personas.
Tras los vertidos más importantes, como reconocen, suelen haber personas o empresas que se dedican al vaciado de casas o locales, porque «un particular tiene a su disposición los ecoparques y no se entendería». En cuanto a los propietarios de los terrenos, si se determina que no son los autores, no suelen ser sancionados, al ser víctimas.
