El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón (PSPV-PSOE y Compromís) ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno en la que instan a paralizar el expediente de la Dirección General de Costas de recuperación del dominio público del núcleo costero de Torre la Sal, en Cabanes, un proceso que amenaza con desalojar a 99 propietarios de viviendas y terrenos ante un posible derribo.
En el texto registrado apelan a la creación una mesa de diálogo a tres bandas entre el Ayuntamiento de Cabanes, la Dirección General de Costas y los vecinos para abordar la situación del poblado marítimo y consolidar las viviendas.
Además, solicitan a la entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que facilite a los afectados los expedientes de los deslindes de los años 1975 y 1993 para verificar su tramitación, como reclaman los residentes, que ponen en entredicho la existencia de esos deslindes.
"Hasta que no se clarifique la situación legal de las viviendas, se debe paralizar el expediente"
El portavoz del grupo socialista, Santi Pérez, ha manifestado que hasta que "no se clarifique la situación legal de las viviendas, se debe paralizar el expediente" y espera que "mediante el diálogo se pueda solucionar la situación de sus vecinos".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, considera que se trata de una «decisión arbitraria» del Ministerio, que implica un «agravio comparativo» entre el «asentamiento tradicional de Torre la Sal» y otras «macroconstrucciones turísticas levantadas y proyectadas en parajes de gran valor patrimonial y natural». «Nuestro papel como institución es defender los pequeños propietarios y la custodia de nuestro territorio en lugar de los especuladores urbanísticos».
"Es una decisión arbitraria del Ministerio, que implica un agravio comparativo entre el asentamiento tradicional de Torre la Sal y otras «macroconstrucciones turísticas levantadas y proyectadas en parajes de gran valor patrimonial y natural"
El poblado marítimo de Torre de la Sal encuentra su origen en el Neolítico, como lo demuestran los vestigios encontrados al Prat y a Costamar y ha estado vinculado desde finales del siglo XVIII a los pescadores y al mar. La mayor parte de las edificaciones actuales datan de entre los años 1920 y 1940 y aportan un gran valor a la provincia.
La amenaza del derribo de las casetas del poblado continúa en pie tras la intervención de la semana pasada en el Senado de la ministra responsable, Teresa Ribera, que aseguró que lo que está haciendo Costas es «aplicar la norma», por lo que el expediente sigue en marcha.
Un extremo, el de una posible demolición de las viviendas, que negó de forma tajante al día siguiente la diputada nacional del PSOE por Castellón, Susana Ros, que aseguró que "el Gobierno no tocará ninguna vivienda del poblado".
