La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, deberá declarar de nuevo ante un juez por el derribo de la cruz de los caídos en junio del 2018, tras estimar tanto la Fiscalía como el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules el recurso presentado por la asociación Abogados Cristianos al archivo de la causa, que exoneraba a Baños de cualquier responsabilidad legal sobre estos hechos.

El fundamento del recurso es que el mencionado archivo carece «de motivación alguna», a la hora de unir bajo una misma valoración tanto el delito de malversación como el de odio sin justiciar adecuadamente, según se expone tanto en el escrito de la Fiscalía como en la resolución del juzgado, por qué se hizo así. A eso se ha agarrado la asociación que pretende que Baños pague ante los tribunales por lo que el equipo de gobierno ha definido desde el primer momento como el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Abogados Cristianos insiste en que al autorizar el derribo y contratar a una empresa para que lo realizara, Tania Baños cometió un delito de malversación de fondos, ya que, tal cual expone el Ministerio Fiscal, cuando se efectuó la contratación objeto de investigación y el pago por transferencia de los servicios, la alcaldesa sabía «que podía tratarse de un procedimiento ilegal y que, sin dudas, está aún por resolverse en los tribuanles».

La Justicia ya archivó la causa contra Tania Baños hace año y medio, pero cabía recurso. MÒNICA MIRA

La Fiscalía admite que, aunque entiende que existe esa «absoluta falta de motivación en la resolución judicial impugnada», también expone que Abogados Cristianos, en su petición de reapertura, «nada argumentan» sobre la base jurídica que lo motivaría «incurriendo en idéntica falta de argumentación a la que denuncia», pero aun así, insiste en que «basta con dar lectura al auto del 7 de febrero del 2020 para comprobar que es indiscutible que asiste la razón al recurrente». El Juzgado lo considera de igual modo y por eso se reabre la causa.

La alcaldesa está tranquila

Tania Baños asegura estar muy tranquila e insiste en lo que ya ha manifestado en más de una ocasión, que la insistencia de Abogados Cristianos en judicializar el derribo de la cruz es un claro caso de «persecución y acoso», pues pese a los aspectos «formales» que expone el recurso, la sentencia que archivaba el caso es «acertada en cuanto al resultado». Afirma la alcaldesa que «el juzgado deberá emitir un nuevo auto con el mismo resultado desestimatorio pero motivándolo debidamente».

Baños ha remarcado que el texto de la sentencia dictada hace año y medio «confirmaba que no existía ningún indicio de que se actuara por odio ni discriminación, que la contratación de la obra se hiz de acuerdo a la ley y que no existía ninguna relación entre la empresa y la demandada».