El alcalde de la Peñíscola, Andrés Martínez, ha remitido un escrito a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública en el que solicita al ente que revise el cálculo de la incidencia acumulada de Covid en los municipios turísticos. Para argumentar la petición, el munícipe indica que la población de Peñíscola en temporada estival es muy superior a la del resto del año, "puede multiplicarse por diez", asegura, y, por tanto, constata que la incidencia acumulada, indicador básico que refleja la expansión de la enfermedad en un lugar determinado, "es irreal si se valora sobre la población existente a primeros de enero y no se tiene en cuenta la población en época turística". En este sentido, Martínez considera que con la actual forma de cálculo de la I.A. se obtienen "resultados erróneos e injustos", "si el periodo de referencia para el cálculo de la incidencia acumulada en cada actualización que realizan las autoridades sanitarias, es el referido a los últimos 14 días, la población de referencia que debe tomarse en consideración para dicho cálculo es, necesariamente, la población residente en dicho periodo", señala en el escrito.

Alarmismo

El alcalde también hace hincapié en el hecho de que una lectura inadecuada de los datos puede generar alarmismo, "en Peñíscola, con los cálculos de incidencia sobre la población a primero de enero, a fecha 7 de julio se recogían 21 casos en la ciudad, lo que suponía una incidencia acumulada irreal de 273 casos por 100.000 habitantes, en la valoración de riesgo extremo; si aplicáramos estos 21 casos a la población de hecho actual (50.000 personas aproximadamente), el dato real sería de 42 casos por 100.000 habitantes, muy inferior a la difundida por Sanitat y, por supuesto, mucho menos alarmante".

Nefastas consecuencias

Decisiones tan relevantes para los municipios turísticos, como el establecimiento de toques de queda o los cierres perimetrales, entre otros, "no deben fundamentarse -señala Martínez- en datos que no se ajustan a la realidad de cada municipio en el momento concreto en el que se deben tomar". El anuncio de un índice de incidencia acumulada basado en la población de 1 de enero, dato muy superior al real si se tiene en cuenta la población en época estival, "constituye un golpe para la imagen y la proyección de la seguridad en nuestras poblaciones, lo cual influye directamente en la economía de nuestros municipios, especialmente para el sector de la hostelería, que ha realizado un gran esfuerzo y ha volcado en esta temporada estival sus posibilidades de supervivencia tras un año de pérdidas", recuerda.

Por las importantes consecuencias que acarrea el índice de I.A, Martínez cree que, tanto por motivos sanitarios como económicos, "debe ser lo más ajustado a la realidad" y asegura que es "una cuestión vital para los municipios turísticos de la Comunidad Valenciana y requiere de la comprensión y el esfuerzo de todos".

Así, Martínez, considera "de justicia" que los cálculos se realicen sobre el total de población que está, de hecho, en ese momento, en cada municipio, y no sobre los datos del padrón municipal, "de no ser así, el índice de incidencia acumulada resulta irreal y gravemente perjudicial para los municipios turísticos".

Asimismo, el alcalde hace referencia a las decisiones que, sobre el particular, se han adoptado en otras comunidades, "Andalucía ha tenido en cuenta el aumento de visitantes en los municipios turísticos de la provincia de Cádiz y argumentos análogos ha empleado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para el cálculo de la incidencia acumulada en Ceuta".

Colaboración

Martínez destaca asimismo la necesidad de "seguir concienciados del peligro del avance del virus, por ello seguimos solicitando a residentes y visitantes precaución y responsabilidad" , y esgrime que su petición del cálculo de la I.A. sobre la población real "no es para evitar que se tomen medidas de control de la expansión del virus, sino para que estas sean realmente adecuadas y efectivas según la realidad de nuestras poblaciones", recalca, a la vez que manifiesta su "voluntad total de colaboración con la administración autonómica y su lealtad", desde que la cual, insiste, surge la petición.