Los inquilinos con contrato podrán quedarse en la finca de Almassora bajo amenaza de desahucio

Primeros brotes verdes para los vecinos de la finca más mediática de Almassora (en la esquina entre las calles Juan Sebastián Elcano y Virgen de Gracia), quienes, tras darse de bruces con un aviso para desahuciar las viviendas, han recibido un mensaje de cierta tranquilidad.

Tras destapar Mediterráneo el caso, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, se reunió hace unos días con tres de los inquilinos afectados y las concejalas de Urbanismo (Carmina Martinavarro) y Servicios Sociales (María José Tormo), para transmitirles que todos aquellos residentes con un contrato de alquiler en vigor podrán seguir residiendo en su piso hasta que termine la relación contractual que tienen actualmente, aunque esté fijada con una empresa que no sea la propietaria del inmueble, ya que este episodio ha descubierto que las viviendas pertenecen en verdad a la Sareb.

Así lo refrenda a este periódico el propio alto cargo autonómico, promotor de este primer encuentro en una de las casas de los damnificados, que destaca que quería citarse «lo más pronto posible» con los vecinos para demostrarles el «interés» de la Conselleria por resolver su situación y «fortalecer ese compromiso desde la cercanía». Fue una reunión en la que les informó sobre los servicios que la Administración autonómica pone a su disposición y dio algunos «consejos básicos» para tratar de paliar la «inseguridad e incerteza» que sufren ahora mismo.

Contratar un abogado de forma conjunta

Entre esas recomendaciones, el secretario autonómico recalcó a los inquilinos principalmente la de «contratar entre todos un abogado de forma conjunta» --ya lo han hecho-- porque «el derecho a la defensa es básico» y tilda de «esencial» que alguien les asesore a la hora de denunciar «que han sufrido una estafa», por lo que les anima a llevar ante los tribunales a las inmobiliarias que les han conducido a esta situación tan dramática.

"Los vecinos tienen un contrato firmado y hay un pago mensual, por lo que el único escenario que contempla la Conselleria es que los residentes que quieran puedan seguir viviendo en esos pisos"

Alejandro Aguilar

— Secretario autonómico de Vivienda

Aunque «la gran mayoría» de los inquilinos tienen contrato, Aguilar especifica dos tipologías: los que guardan una relación contractual --mediante prórrogas-- desde antes de que las viviendas formaran a pasar parte del banco malo (septiembre del 2020), que es la gran parte de los afectados; y los que sellaron ese acuerdo después de esa fecha, una vez las viviendas ya eran oficialmente de la Sareb (aunque ellos no lo sabían). «Si bien el segundo caso da una menor seguridad jurídica, todos tienen un contrato firmado y hay un pago mensual, por lo que el único escenario que contempla Conselleria es que los residentes que quieran puedan seguir viviendo en esos pisos», sentencia Aguilar.

Por su parte, Martinavarro confía en que, tras esta reunión, los vecinos estén un poco «más seguros» dentro de lo que permiten las circunstancias y cuenta que lo que más les ha molestado es cómo ha actuado la Sareb. «Creen que en este procedimiento les han tratado como si fueran unos okupas y, evidentemente, no es así», expone. 

Una Sareb que, como relatan a este periódico los propios afectados, ya ha enviado a un mediador a la finca para que, piso por piso, vaya recogiendo la documentación de cada inquilino para revisar cuál es su situación contractual con la vivienda. Un procedimiento que, como recalcan desde la entidad, forma parte de "la recopilación de información caso por caso para después analizarla y ver si hay vulnerabilidad".

"Estamos algo más tranquilos, pero no sabemos las condiciones"

Un poco más de tranquilidad dentro de la tensión que sufren tras recibir el aviso de desahucio y no saber qué será de su futuro. Es la opinión de uno de los tres vecinos que asistió a la reunión con las administraciones, que se siente preocupado por cómo podrán seguir viviendo en el piso. «De momento, está todo en el aire. Lo único que nos confirmaron es que si tenemos contrato en vigor, no nos pueden echar, o eso es lo que parece. Así que por una parte me quedo un poquito más tranquilo, pero claro, no sé en qué condiciones van a querer que nos quedemos», relata.