Entraron a vivir como alquilados en la que pensaban que sería la casa de sus sueños, en un entorno idílico como Peñíscola, pero ahora están viviendo una auténtica pesadilla. Los inquilinos de los 36 chalets de la urbanización Sierramar, situada en la avenida de la Estación (al lado de la CV-141, principal vía de acceso a la Ciudad en el Mar), se han visto implicados en un rocambolesco episodio inmobiliario que combina un procedimiento de embargo por parte de la Sareb, una denuncia de cuatro vecinos por presunta estafa en los alquileres de las viviendas y una consecuente demanda de la empresa arrendataria para desahuciar a los residentes que decidieron dejar de pagar la mensualidad después de descubrir que las casas no pertenecen a la compañía que aparece en los contratos.

Todo empezó a finales de abril, cuando una de las afectadas, al escuchar los rumores que le llegaban sobre la situación legal de los chalets, acudió de forma voluntaria al Registro de la Propiedad de Vinaròs donde, para su sorpresa, descubrió que las casas de su zona residencial llevan en proceso de ejecución hipotecaria por parte del banco malo desde el 2018. Es decir, la Sareb está intentando acelerar la subasta pública de esos inmuebles para hacerse con su propiedad.

Por ello, el primer movimiento que realizaron los residentes (seis de los damnificados, en concreto) fue contratar a un abogado para personarse en esta causa y dar constancia, tanto a la entidad como al juzgado de Vinaròs que lleva el proceso, de que las viviendas no están deshabitadas, como ambos inicialmente pensaban en un principio.

Demanda penal contra la arrendataria

Derivado del anterior descubrimiento, llegó el otro, no menos impactante. Como ponen de manifiesto algunos de los inquilinos, los chalets no son propiedad de la compañía que aparece en el contrato de alquiler. Con otras palabras, el propietario y el arrendatario no coinciden, por lo que todo el dinero de los alquileres de los últimos meses y años ha ido a parar a una empresa que, supuestamente, no tiene ninguna titularidad legal sobre las casas.

Al descubrir el pastel, el siguiente paso, explica el abogado que representa a los vecinos, fue «requerir a la sociedad arrendataria en base a qué titulo alquila algo que no es suyo» y, al no recibir ninguna respuesta, cuatro de los habitantes afectados se animaron a interponer una denuncia penal contra esta empresa (con domicilio fiscal en Vinaròs), que presentaron en mayo.

Además de llevar a los tribunales a la arrendataria (que no es la dueña, aunque, según ha conocido este diario, hay vínculos entre ambas porque pertenecen a la misma familia), algunos de los vecinos que no dudaron en defender sus derechos ante la justicia también decidieron dejar de pagar el alquiler. Además, el abogado explica que la empresa solo tenía potestad para ofrecer las viviendas para alojamiento turístico unos pocos meses, no para vivienda permanente, que es el régimen en el que residen actualmente los inquilinos. 

Fachada de uno de los chalets afectados de la urbanización Sierramar de Peñíscola. Mediterráneo

Réplica de la empresa

La reacción de la compañía demandada no se ha hecho esperar y, como represalia a esa acumulación de impagos, la empresa ha denunciado a su vez a los afectados que dieron en mayo el paso de «no abonar más el alquiler hasta que se resuelva todo» y ha empezado a enviarles demandas de desahucios para que abandonen el chalet.

A tenor de esta concatenación de polémicas e incertidumbre, y conscientes de que el conflicto no ha hecho más que empezar, más de un vecino ya ha abandonado esta urbanización para no verse envuelto en más problemas. 

El caso de la finca de Almassora permite destapar este nuevo episodio

El reciente caso destapado por Mediterráneo de la finca de Almassora, en el que los vecinos ya han recibido un aviso de desahucio por parte del juzgado y a la vez también alertan de que hay una presunta estafa por parte de varias inmobiliarias, ha permitido descubrir esta nueva polémica en la urbanización Sierramar de Peñíscola. Así, a raíz de la viralidad de la primera noticia, una vecina afectada de uno de los chalés de esta zona residencial de la Ciudad en el Mar se puso en contacto con este periódico para denunciar públicamente este caso.

Pese a las similitudes, hay diferencias entre uno y otro. A diferencia del de Almassora, en el segundo episodio, el de Peñíscola, los vecinos aún no han recibido una orden de desalojo por parte del juzgado y, además, ya han presentado una denuncia firmal contra la empresa.

Si eres conocedor de más casos de este tipo o has sufrido algún episodio similar en la provincia de Castellón, no dudes en hacerlo llegar a Mediterráneo para denunciarlo públicamente escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter, o bien vía WhatsApp, en el número de teléfono 680558577, o por correo electrónico a través de la dirección comarcas@mediterraneo.elperiodico.com.