El rocambolesco caso en el que se han visto envuelto los chalets de la urbanización Sierramar de Peñíscola ha dejado dos posturas claramente enfrentadas. Mientras que los vecinos que denunciaron a la empresa arrendataria por presunta estafa y dejaron de pagar el alquiler aseguran que temen posibles «represalias físicas» al no ingresar más dinero al casero desde el mes de mayo, la compañía niega absolutamente esa versión y defiende que «todo está en regla».

En concreto, son dos los inquilinos que han dado ese paso y reconocen que están «un poco asustados». «Tenemos miedo de que nos pueda pasar algo al estar metidos en todo esto», recalcan. Hasta el punto de que uno de ellos critica que le han «coaccionado» para que no vaya más a la piscina al no estar al corriente de pago. «Me dijeron textualmente que 'ni se te ocurra venir a bañarte si no quieres problemas'», recrimina.

"Han instalado cámaras de vigilancia de repente"

Según detalla, la empresa instaló «de repente» en junio cámaras de vigilancia en la piscina comunitaria que comparte el grupo de chalets, algo que cree que «no es casualidad». «Como no ha habido ninguna explicación de por qué las han puesto, estoy convencido de que es para cerciorarse de que los que hemos dejado de abonarles el alquiler no vamos allí. Antes éramos okupas pagando y ahora parece que ya somos okupas como tal», comenta, de forma irónica.

La otra vecina que también dejó de pagar tras denunciar a la arrendataria (de momento es la única que ha recibido una demanda de desahucio de la empresa por los impagos) deja bien claro que «irá hasta el final». «Me han estafado y no pararé. No puede ser que la empresa nos siga cobrando todos los meses alquileres cuando los chalets están en proceso de ejecución hipotecaria desde el 2018 y encima resulta que no es la propietaria de las viviendas, por lo que de momento ya tiene nuestra denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs para que se haga justicia», advierte.

Los dos residentes insisten en que si no hay más inquilinos que se han animado a demandar a la promotora (lo han hecho cuatro de todos los que viven en los 36 chalets y solo ellos dos han dejado de pagar el alquiler) es porque muchos de los vecinos «son extranjeros y no se han enterado bien de la situación» y comenta que «también hay mucha gente mayor que prefiere ahorrarse problemas» y han preferido quedarse al margen para no verse inmersos en un embrollo judicial.

"Todo es falso, el dinero está tributado y declarado"

En la otra cara de la moneda se sitúa la compañía arrendataria, cuyo abogado se puso ayer en contacto con Mediterráneo para desmentir rotundamente el supuesto delito que los vecinos le atribuyen en la noticia que publicó este diario. «Todo es falso y no hay ningún tipo de estafa por ningún lado. El dinero de los alquileres está tributado y declarado, todo en regla», asegura.

El representante de la empresa puntualiza que la compañía, que cuenta con la sede fiscal en Vinaròs, tiene el permiso de explotación del arrendamiento de los chalés «desde el 1 mayo del 2014», por lo que niega la versión vecinal de que no tiene potestad para alquilarlos.

El letrado añade que también se han personado en la ejecución hipotecaria, que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaròs, para «continuar aplicando su derecho de explotación de los arrendamientos» y se desmarca sobre por qué la Sareb haya iniciado el proceso de embargo con la firma propietaria de las casas, ya que alega que no son ellos.

Sobre la acusación que hacen los demandantes (desde la empresa niegan que hayan recibido de momento ninguna denuncia penal) de que la compañía solo podía ofrecer los chalets para alojamiento turístico, el abogado de la arrendataria matiza que, por el covid, «se acordó una modificación legal para poder alquilarlos como viviendas permanentes», ya que la irrupción de la pandemia limitaba e impedía una constante entrada y salida de inquilinos, defiende. De todas formas, le quita hierro a este asunto, ya que cree que «no es determinante». 

El próximo paso será la vista del posible desalojo por impagos

El siguiente punto a tener en cuenta dentro de este serial será la vista judicial que determinará si los vecinos que han denunciado la supuesta estafa y han dejado de pagar el alquiler deberán o no abandonar sus chalets, tal como les ha notificado la arrendataria como consecuencia de los impagos. De momento, solo hay una vecina afectada, pero el otro inquilino que está en la misma situación asume que recibirá la demanda de desalojo en breve. El juicio por este asunto está previsto para el próximo mes de noviembre.