Al margen de la supuesta estafa en el cobro de alquileres que han denunciado cuatro vecinos de la urbanización Sierramar de Peñíscola (han presentado una demanda penal contra la empresa arrendataria en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs), lo cierto es que un tribunal hermano de la capital del Baix Maestrat, el número 2, lleva de forma paralela una causa que afecta a todas las familias que residen actualmente en los 36 chalets.

Se trata de un proceso que puede desembocar en que los inquilinos se vean abocados a un desahucio y se queden sin hogar. Una vez que el conjunto de viviendas está en proceso de ejecución hipotecaria desde el año 2018 por parte de la Sareb, será un juez el que decida en marzo del año que viene si los contratos de alquiler firmados con la empresa tienen validez legal para que los residentes puedan seguir viviendo con el futuro nuevo propietario, que presumiblemente será el conocido como banco malo.

Pese a que aún falta más de medio año para esa vista judicial, vecinos consultados por Mediterráneo no son muy optimistas, ya que aseguran que desde la Sareb ya les han transmitido que «no aceptan esos contratos y que no tendrán el derecho suficiente como para mantener el domicilio».

Versión de la Sareb

Fuentes de la entidad (la Sareb) aseguran que ahora mismo no tienen «ningún margen de maniobra» porque los chalets aún no son de su propiedad y que de momento solo son «un mero acreedor». No obstante, adelantan que «se harán seguro con los inmuebles», ya que no ocultan que la promotora les debe dinero, por lo que están pendientes de la subasta para hacerse cuanto con su titularidad.

"Por ahora no hay una situación de emergencia habitacional, pero siempre estaremos ahí si hay familias vulnerables"

Alejandro Aguilar - Secretario autonómico de Vivienda

Por ello, puntualizan que, «aunque quisieran actuar, no pueden» y dejan en manos del juez evaluar la legalidad de los contratos de alquiler. «Hasta que los chalets no sean nuestros, no podemos analizar si hay algún inquilino en situación de vulnerabilidad», matizan. De haberlo, dejan claro que siempre les ofrecerán una alternativa habitacional, «sin excepción».

Visión de la Conselleria y el Ayuntamiento

El secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, asegura que, al igual que con el caso de la finca de Almassora, se ha enterado de este episodio a través de este periódico, aunque en el de Peñíscola no ve por ahora que haya «una situación de emergencia habitacional», viendo sobre todo la tipología de la vivienda de la que se trata en este último caso (chalets de medio-alto standing). Aun así, y aunque aún falta por llegar al momento en que los vecinos puedan recibir un aviso de desahucio por parte del juzgado (mínimo hasta marzo), si hubiera familias con problemas económicos para encontrar otro domicilio en caso de desalojo, «estaremos ahí». 

"Lo idóneo sería que los inquilinos llegasen a un acuerdo con la Sareb para que puedan seguir viviendo en los chalets"

María Jesús Albiol - Concejala de Servicios Sociales de Peñíscola

Quien también desconocía el caso es la concejala de Servicios Sociales, María Jesús Albiol, que explica que, «llegado el caso», y siempre que las familias damnificadas acrediten vulnerabilidad, su departamento estará para apoyar a los inquilinos. «Ayudaremos hasta donde podamos llegar», apunta, y defiende que la mejor opción posible sería que «los afectados alcanzaran un acuerdo con la Sareb y pudieran seguir viviendo en los chalets pero pagándole el alquiler a esa entidad».