Un posible fallo burocrático, al no publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que establece el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en mayo de 1993, podría frenar el proceso iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que amenaza con derribar las casas del poblado de Torre la Sal.
De hecho, el senador por Compromís, Carles Mulet, informó ayer de que responsables ministeriales corroboraron verbalmente que el deslinde, tanto el de 1975 como el de 1993, «no se publicaron en el BOE, con todo lo que ello supone de posible nulidad de todo el proceso», aunque añade que «falta mucha documentación --en relación a la larga lista de preguntas formuladas por el senador en sede parlamentaria-- o bien no me la han querido proporcionar».
Al respecto, Mulet hace hincapié en que «lo más importante de todo es que reconocen en Costas que nada impide hacer un nuevo deslinde, ni modificaciones o revisiones del que supuestamente está en vigor, que es lo que venimos pidiendo desde Compromís, como tampoco nada impide una desafectación de los inmuebles».
Puerta abierta
De esta manera, la contestación parcial del Ministerio que lidera Teresa Ribera a las preguntas del senador castellonense abre una nueva vía hacia la probable paralización de un proceso contra el que se han postulado desde todos los grupos políticos, incluso el propio president de la Generalitat, Ximo Puig.
Con todo, y pese a las posturas coincidentes de todos los partidos, al menos a nivel provincial y autonómico, el cruce de acusaciones, de manera especial entre el PP y el PSOE, no cesa. En este sentido, la vicesecretaria de la ejecutiva de los socialistas castellonenses y senadora, Ana Edo, aseguró ayer que «el único interés de la presidente del PPCS, Marta Barrachina, por Torre la Sal es sacar rendimiento político». Y añadió: «Frente a la demagogia del Partido Popular, los socialistas seguiremos trabajando para buscar una solución y regularizar la situación».
Por su parte, desde el PP de Cabanes reclaman al PSOE el apoyo a la modificación de la Ley de Costas que los populares han propuesto en la Cámara Alta, «para proteger Torre la Sal de los derribos promovidos por el PSOE».
Declaración institucional
Las tres formaciones políticas que cuentan con representación en el Ayuntamiento de Cabanes (PSPV-PSOE, Units Pel Poble-Compromís Municipal y Partido Popular) dejaron ayer sus diferencias ideológicas a un lado y suscribieron, en el transcurso del pleno de la corporación, la declaración institucional propuesta por el ejecutivo local, liderado por la alcaldesa Virginia Martí, para escenificar la unidad de todos los vecinos de la localidad a la hora de defender el mantenimiento de Torre la Sal.
En concreto, el documento reclama a la Dirección General de Costas «la paralización de los expedientes que pretenden recuperar para el dominio público el núcleo costero de Torre la Sal». Además, también se solicita una mesa de diálogo a tres bandas --Ayuntamiento, Costas y vecinos--, «en la que abordar la situación del poblado marítimo para garantir su futuro», así como solicitar a la Dirección General «que facilite a los interesados toda la información que soliciten, así como la relativa a los deslindes de los años 1975 y 1993, con el objetivo de verificar la tramitación de los mismos». Un proceso que podría no haberse completado ni publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que abriría la puerta a la nulidad de todo el proceso.
En cualquier caso, los grupos políticos de Cabanes reafirman en su postura de «reivindicar el poblado marítimo de Torre la Sal con su tipología actual», y los derechos de sus vecinos.
