El Ayuntamiento de Benicàssim insiste al Estado que exima a los consistorios de los costes de amortización de la construcción de la desaladora y de su puesta en funcionamiento. La alcaldesa del municipio, Susana Marqués, hace este llamamiento cuando está a punto de expirar la moratoria del convenio que el Gobierno dio a los ayuntamientos para empezar a asumir estos pagos millonarios. 

Y es que su amortización hipotecaría las arcas públicas municipales, en el caso de Benicàssim durante los próximos 25 años, según denuncia la propia munícipe.

Por ello, el pleno ordinario de agosto, que tendrá lugar este viernes, incluye nuevamente una moción para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que se inicien los trámites oportunos para eximir a los administraciones locales de la asunción del coste de estas infraestructuras

"Desde el 2008, el Gobierno central ha tenido tiempo más que suficiente para encontrar una solución justa y beneficiosa. En el caso de Benicàssim, si tenemos que asumir finalmente el coste supondrá hipotecar durante 25 años el presupuesto de la localidad, al tener que hacer frente al pago de 700.000 euros anuales lo que limitará el potencial de nuestro municipio", según declara Marqués. 

La primera edila recuerda que fue "en el año 2008 cuando el entonces equipo de gobierno formado por el tripartito PSOE, Compromís e Izquierda Unida firmaron el convenio regulador para la financiación y explotación del sistema de suministro de agua desalada, y que obligaba al pago por parte del Ayuntamiento de Benicàssim".

Pacto de la moratoria

Marqués explica que hace tres años lograron pactar una moratoria con Acuamed, para la entrada en vigor del convenio aprobado hace 13 años con la finalidad de buscar una solución de financiación". "Se nos acaba el tiempo y nos encontramos en el mismo punto, sin que el Estado nos libere del coste de la construcción y puesta en marcha de las desaladoras ni haya encontrado una solución justa, consensuada y beneficiosa", critica la munícipe.

Por todo ello, el pleno de este viernes incluye una moción para reiterar nuevamente la necesidad de que sea el Ejecutivo de España quien asuma el total del importe, al considerar que "cuando las obras son de utilidad pública deberían financiarse por parte del Estado", según sentenció al respecto la primera edila.