La Conselleria de Vivienda anunció ayer la compra de 8 de los 11 pisos de un edificio del barrio Carmaday, en la Vall d’Uixó, que el pasado mes de mayo protagonizaron una llamativa polémica, pues cuando la Generalitat ejerció el derecho prioritario de compra sobre propiedades de bancos o procedentes de ejecuciones hipotecarias, se descubrió que al menos tres de ellos se habían comprometido a su vez con particulares.
La incidencia se detectó cuando dos de los afectados fueron a escriturar la compra y descubrieron que el gobierno autonómico había ejercido el derecho de tanteo y retracto que contempla la nueva ley de vivienda valenciana. El problema se generó, según expusieron desde la Conselleria, porque el banco había ofrecido los pisos a particulares y fondos buitre al mismo tiempo, porque la Generalitat solo interviene en el segundo caso y nunca en el primero, pues el propósito final de esta normativa es evitar la especulación con un bien de primera necesidad.
El conseller, Rubén García Dalmau, denunció la "mala praxis bancaria", responsable de provocar "el trastorno que el derecho de compra preferente de la Generalitat provocó a los particulares".
Operación cerrada
Tras solucionarse el conflicto generado con los particulares a su favor, la Conselleria de Vivienda ha destinado 546.233 euros a comprar los mencionados pisos, que pasarán a ampliar el parque público de la Vall, considerado por la Generalitat como un municipio "de máxima prioridad debido a su situación de emergencia habitacional".
