El proceso judicial abierto para dirimir si la resolución anticipada del contrato de gestión del complejo deportivo de Vallpala por parte del Ayuntamiento de la Vall d‘Uixó se hizo conforme a ley o no --a instancias de la empresa-- ya tiene sentencia. El juez considera probado el «incumplimiento culpable» de la adjudicación y condena además a la compañía a pagar al municipio 26.904,79 euros.
Esa es la cantidad que ha cuantificado el magistrado como valor de subsanación de las deficiencias detectadas por el consistorio, cuando tomó posesión de las instalaciones el 10 de enero del 2019. En consecuencia, desestima la petición de la empresa, que llegó a pedir un millón de euros en compensación por perder la gestión.
Cabe recurso, por lo que no es sentencia firme, pero para el equipo de gobierno que tomó la controvertida decisión, este respaldo judicial avala la política de revisión de los contratos públicos que está llevando a cabo el tripartito.
En un comunicado oficial, desde el consistorio señalan directamente al gobierno del Partido Popular que adjudicó ese contrato: «Un empastre más de los que nos dejó y que nos ha costado mucho trabajo y muchos disgustos por defender los intereses de la Vall».
Pese a los contratiempos, el complejo deportivo estuvo poco tiempo sin uso. El Ayuntamiento asumió hace más de dos años la gestión pública y en la actualidad cuenta con más de 3.000 usuarios.
Unas obras, el detonante
Las obras en la cafetería para convertirla en un restaurante fueron el detonante del procedimiento. La entonces gerencia ejecutó la reforma sin solicitar licencia de obras, llegaron a reconocer que actuaron así porque sabían que el Ayuntamiento no la iba a conceder y debían buscar la viabilidad del negocio. A partir de ese momento, el equipo de gobierno se marcó como objetivo rescindir el contrato y subsanar lo que consideraban una grave irregularidad.
Al problema de las obras sin licencia se sumaron otros incumplimientos que acabaron en septiembre del 2018 con la resolución oficial del contrato.
La empresa anunció que acudiría a la vía judicial para exigir una compensación pero, en primera instancia, les han quitado la razón. No solo no cobrarán nada, sino que tendrán que pagar.
