La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció ayer en su visita a Vinaròs, su compromiso para que la Generalitat "abra una interlocución inmediata" con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al considerar "fundamental" que por parte del Estado "no solo declaren a Vinaròs y Càlig como zona afectada por Emergencia de Protección Civil sino que pongan en marcha todas las acciones necesarias para actuar en los barrancos, causa principal de que cuando hay estos temporales tengamos consecuencias tan drásticas".
Preguntada por Mediterráneo sobre si ha habido falta de limpieza en los barrancos por parte de la CHJ, y si con actuaciones previas hubieran podido minimizarse los daños, señaló que "cuando caen más de 200 litros por metro cúbico es muy difícil en poco tiempo sacar conclusiones, y correspondería valorarlo a los técnicos, pero sí que es importante que cada organismo asuma sus funciones y, por tanto, reclamamos a la CHJ que trabaje en la limpieza y arreglo de estos cauces en el marco de sus competencias lo antes posible, porque estamos entrando en el final de septiembre y octubre, una época en la que se pueden repetir este tipo de episodios meteorológicos y todas las administraciones debemos actuar de inmediato".
Bravo visitó los daños originados por la última DANA en el barranco del Triador, en la costa turística norte, zona que ha sido especialmente afectada, acompañada del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; el primer teniente de alcalde de Vinaròs, Marc Albella; y la alcaldesa de Càlig, Ernestina Borràs.
Previamente, mantuvieron en el consistorio vinarocense una reunión de trabajo para valorar los daños por las lluvias en ambas localidades, que ascienden a 3 millones en Vinaròs y 2,3 millones en Càlig y preparar el decreto de zona catastrófica que elevará el Consell el viernes al Consejo de Ministros para agilizar las ayudas. Unos daños que también afectaron a Benicàssim, por lo que la consellera cifra en 8,3 millones en la provincia de Castellón.
Bravo avanzó que se trabaja con instituciones y universidades para profundizar en estudios sobre las consecuencias del cambio climático y cómo afecta a la Comunitat, "que es el epicentro de la zona cero del Mediterráneo".
Cauces sucios u exceso de ladrillo
Según cálculos de la Conselleria de Política Territorial, se estima que 600.000 valencianos viven en zonas inundables. En un escenario de cambio climático donde las precipitaciones son cada vez más intensas y con mayor frecuencia, como dibujaba días atrás la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras el paso de la reciente DANA --que afectó de forma evidente a Vinaròs, Càlig y Benicàssim en la provincia de Castellón-- cobra especial importancia el estado en el que se encuentran estos espacios vulnerables al agua, ya sean barrancos naturales o urbanizados.
A juicio de los expertos, los dos grandes peligros para la población son el mal estado de los cauces fluviales, con vegetación desbocada y cañas que colapsan los mismos, y la amenaza soterrada que suponen aquellos barrancos hoy convertidos en calles, jardines o, incluso, con edificaciones.
Alicante es la provincia con mayor riesgo de inundaciones --solo en la Vega Baja viven 100.000 personas en esta zonas--, pero las últimas lluvias torrenciales han castigado de una manera muy especial al interior y el norte de la provincia de Castellón.
De hecho, el reciente episodio vivido en Benicarló, Benicarló y en la comarca tarraconense del Montsià ha evidenciado no solo la necesidad de mantener limpios los barrancos y escorrentías sino también el efecto de un urbanismo mal planificado que, en muchos casos, ocupó estos antiguos caminos del agua.
